CRÓNICA DE UNA INVESTIGACIÓN (II)
Cuando el diálogo se agota,
nace la rebelión judicial contra la CEO
Continuamos nuestro recorrido exhaustivo por los 38 municipios del Cauca, auditando la ejecución del contrato de gestión mediante el cual la Compañía Energética de Occidente (CEO) administra la infraestructura de Cedelca. Si en la primera entrega vimos alcaldes resignados o indignados, en Buenos Aires encontramos a un mandatario que decidió cambiar la mesa de reuniones por los estrados judiciales.
El expediente de Buenos Aires revela un nivel de cinismo corporativo alarmante y una crisis humanitaria que ya no admite esperas. Aquí, la oscuridad no solo apaga bombillos; está apagando la salud y la gobernabilidad misma.
El ultimátum del Alcalde
El pasado 10 de noviembre de 2025, el alcalde Pablo César Peña radicó una Acción de Tutela contra la CEO. Fue la consecuencia del fracaso absoluto del diálogo. Tras participar en mesas técnicas con el Ministerio de Minas y la Superintendencia, y tras enviar requerimientos que fueron ignorados, la administración municipal concluyó que la empresa no tiene voluntad de cumplir.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Suárez ya admitió la demanda, vinculando a la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo que está en juego es la protección de derechos fundamentales que la CEO, según el alegato del alcalde, viola sistemáticamente: la vida, la salud, la educación y el debido proceso.
La propuesta inaceptable: «Hagan ustedes el trabajo sucio»
Uno de los hallazgos más indignantes de esta investigación se encuentra en el folio 4 de la demanda de tutela. Según relata el alcalde bajo la gravedad de juramento, en una reunión reciente, los funcionarios de la CEO sugirieron que fueran el Alcalde, las autoridades étnicas y la comunidad «quienes concurriéramos a la desconexión de personas en el sector industrial».
La empresa, que tiene la obligación técnica y legal de controlar el fraude y gestionar la red, pretendió trasladar su responsabilidad policial y operativa a la población civil, poniéndolos en riesgo de confrontación. «Hágame el favor el despropósito», escribió textualmente el mandatario en la demanda. La CEO justifica los cortes masivos por una presunta defraudación minera en una zona específica, pero castiga colectivamente a todo un municipio que paga religiosamente sus facturas.
Vidas en riesgo y gobierno paralizado
Mientras la CEO cobra puntualmente —el municipio paga cerca de $300 millones anuales y está al día —, el servicio es intermitente y peligroso. La investigación documenta casos críticos:
Salud: Pacientes con diabetes que pierden su insulina por falta de refrigeración y personas con insuficiencia renal que requieren diálisis en casa y ven amenazada su vida con cada corte intempestivo.
Educación y Gobierno: Las escuelas interrumpen jornadas y la propia Alcaldía se ve paralizada, incapaz de responder derechos de petición electrónicos o trámites ciudadanos porque, sencillamente, no hay luz para prender los computadores.
La falacia de los «Suscriptores Comunitarios»
Al igual que lo denunció el representante Jorge Bastidas en la entrega anterior, en Buenos Aires también aparece la figura de los «acuerdos comunitarios» como una supuesta solución. La CEO propuso esto para acceder a mayores subsidios del gobierno, pero la realidad es que estos subsidios no se han traducido en una mejora del servicio. La comunidad siente que paga tarifas plenas por un servicio que no recibe.
El fin de la paciencia
El caso de Buenos Aires sienta un precedente jurídico vital para esta investigación. La administración municipal ha dejado claro que no validará más la incompetencia de la CEO con reuniones estériles. «No podemos asumir las consecuencias de la incuria de la empresa», sentencia el alcalde.
Si la justicia falla a favor de Buenos Aires, se abrirá la puerta para que los otros 37 municipios dejen de pedir favores y empiecen a exigir derechos. La CEO está notificada: el Cauca pasó de la queja a la demanda.
Hacia una acción legal definitiva
Cabe advertir que este ejercicio periodístico y ciudadano no se agotará en la denuncia pública. Una vez completado el recorrido documental por los 38 municipios, Proclama del Pacífico sistematizará todo el acervo probatorio recaudado para radicar una petición formal y motivada ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como ante los despachos judiciales y administrativos competentes. El objetivo es pasar de la queja mediática a la acción legal, entregando a las autoridades el expediente completo e irrefutable de un incumplimiento que hoy tiene al Cauca en la penumbra. La investigación continúa.
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