La crisis fronteriza entre Colombia y Ecuador centró una reunión en la que el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, y el Gobierno Nacional definieron una hoja de ruta para enfrentar la coyuntura comercial en el sur del país.
El encuentro se realizó con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa María Villavicencio, delegados de ministerios, gobernaciones de Nariño y Putumayo, alcaldes de municipios fronterizos y representantes de gremios económicos. La agenda se concentró en las afectaciones derivadas de medidas arancelarias adoptadas por Ecuador, que han impactado el transporte de carga, el comercio formal y las actividades logísticas en la zona.
Entre las decisiones planteadas se incluyó el fortalecimiento de las gestiones diplomáticas para restablecer el flujo comercial binacional. También se acordó convocar una reunión de seguridad en la frontera con el fin de revisar las condiciones del corredor y coordinar acciones institucionales.
Otro punto en evaluación es la declaratoria de una Zona Especial de Intervención Fronteriza, conforme al artículo 17 de la Ley de Fronteras, como mecanismo para atender la situación económica en los municipios afectados.
Durante el encuentro, representantes del sector transportador y de los gremios expusieron las pérdidas económicas y las dificultades operativas que enfrentan desde la imposición de aranceles por parte de Ecuador. Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre niveles de gobierno y la continuidad de los canales diplomáticos son necesarias para recuperar la normalidad en el intercambio comercial.
El gobernador Escobar Jaramillo indicó que las acciones responden a un trabajo sostenido desde el territorio y a la articulación con el Gobierno Nacional para restablecer las condiciones económicas en la región. Por su parte, la canciller Villavicencio señaló que se mantienen contactos con actores internacionales y regionales para buscar soluciones que permitan estabilizar la relación comercial.
La hoja de ruta definida establece una agenda institucional que combina diplomacia, seguridad y medidas económicas con el objetivo de proteger el empleo, el comercio legal y la estabilidad de los territorios de frontera.
