CRISIS DEL SECTOR AGROPECUARIO
Cuando los campesinos en Colombia se ven abocados a salir a las, carreteras, vías en los municipios de nuestra patria, el próximo 19 de agosto lo hacen en legítima defensa del trabajo, el empleo y el sustento de sus familias, debido a que desde hace varias décadas el Estado le han dado la espalda al campo; los ministros de Agricultura, tecnócratas y burócratas, que han criminalizado la legítima protesta agropecuaria, tanto que los trabajadores del campo han sido perseguidos por la institucionalidad, limitando la posibilidad de sacar sus productos a las a las cabeceras municipales.
Frente a esos hechos recurrentes no hay políticas coherentes en materia de salud, educación, servicios públicos y si en el campo no existe la presencia del Estado se incrementa la migración a las ciudades, ya no solamente por la violencia política.
Agréguese el hecho que desde 1991 las políticas neoliberales decidieron optar por la importación de alimentos básicos, tales como cebada (72%), trigo (88%), soya (59%) y maíz (93%), que han tenido un crecimiento avasallante con sus consecuentes resultados en la dinámica agrícola del país.
Zonas otrora productoras como Nariño y Valle del Cauca, han sentido el impacto de ésta política aperturista, en un sector donde las grandes naciones desarrolladas del mundo establecen sus imponentes barreras de entrada, los subsidios con que fortalecen el sector primario, lo cual nos coloca en una situación desventajosa vía precios competitivos por un lado, pero a su vez, los niveles de dependencia alimentaria a los que hemos llegado, nos dejan totalmente expuestos y en un nivel crítico de seguridad ante una eventual subida de los precios externos o una modificación de la paridad cambiaria, con lo cual se compromete la seguridad alimentaria nacional.
Ahora entra carne de res, cerdo, pollo, leche, oleaginosas, frijol, papa congelada desgravada desde el primer día del TLC.
Por esta razón ahora sembrar café, cacao, algodón, arroz, producir lácteos, papa, significa pérdidas, como si estuviéramos consumiendo un coctel maléfico con bajos precios, baja producción y comercio desigual, no sólo para los campesinos sino para todos los sectores comprometidos con el agro, que sufren las consecuencias hasta de la enfermedad Holandesa.
Estas cifras corroboran nuestra afirmación: más de medio millón de familias viven del café y cuatrocientas cincuenta mil de la producción láctea.
El empleo del campo es la paz y seguridad colombiana. Es hora, ante las evidencias, que invitemos al ministro de Agricultura, al alto gobierno nacional, presidente, ministro de Hacienda, Planeación Nacional para defender el empleo. Recordemos que esto es paz y la seguridad colombiana.
¿Habrá que repetir que los únicos renglones de producción agraria aprobados por el libre comercio son la palma africana y alcohol carburante que producen los ingenios?
Se necesitan condiciones para producir y reducir las importaciones, con políticas adecuadas de precios de sustentación como existen en los países desarrollados.
Y qué decir del régimen impositivo del 4 por mil. Ya es hora de formular políticas, otorgar créditos baratos y oportunos. El Banco Agrario debiera reinvertir las utilidades al igual que el FOGAFIN, transformar el sector agropecuario y si realmente hay unas políticas de cambio el FOGAFIN debería entregar un 10 % para sacar avante los problemas de los productores, que en últimas son los que apuestan al empleo .
Combustibles: gasolina, ACPM, gas, petróleo con unos impuestos del 26% que los pagan los colombianos y que les hace más mella en especial a los campesinos, pagando el precio más alto del mundo es una barbarie social. La mayor parte de los impuestos se queda en ECOPETROL y las empresas privadas.
La mentalidad de país grande, educación, investigación y el respeto por sus ciudadanos sólo existe en el papel.
En esas perspectivas el paro campesino es una legítima protesta social, ante la indolencia sistemática del Estado en torno a las reclamaciones e incumplimiento de los acuerdos. El 19 es una fecha para salvarnos todos, incluidos los empresarios nacionales y los consumidores, quienes en última instancia reciben las consecuencias de la injusticia social. Unión, dignidad y fuerza en defensa de la paz económica y social.
