Crece protesta contra polémica ley de reforma a la salud

El sector de la salud en Colombia aumentó en los últimos días su protesta contra la ley de reforma que se tramita en el Congreso de la República y los trabajadores están dispuestos a convocar a una gran jornada de paro y seguir saliendo a las calles en diferentes lugares del país para denunciar la crisis y manifestar su rechazo a una iniciativa que consideran empeorará la situación.

El Gobierno, conjuntamente con el poder legislativo, ha tratado de explicar los que consideran verdaderos alcances de la reforma y abrió nuevos canales de concertación para incluir posibles modificaciones a la iniciativa presentada y que tanta roncha e indignación ha causado.

Lo cierto es que ha crecido el que se ha llamado “movimiento ciudadano por una salud digna en Colombia”, articulando la protesta con la bandera de que el país necesita un modelo de salud «que elimine la intermediación y que favorezca los interés de los colombianos y de los trabajadores del sector salud».

De acuerdo con las distintas organizaciones del sector salud, esta demanda no la ven reflejada en el proyecto de Ley de la Salud que ya fue aprobado por el Senado y está en discusión en la Cámara de Representantes, tratada como una de las prioridades de la actual legislatura, pero que ha generado críticas e inconformismo de diversos sectores que consideran que no resuelve los problemas de fondo.

El proyecto presentado por el Gobierno al Congreso incluye la reforma de la Ley 100 pero en vez de corregir el modelo vigente lo profundiza, según las asociaciones médicas. Dirigentes del gremio de la salud en el Cauca han asegurado que «esta propuesta mantiene y fortalece el negocio de salud, empeora la Ley 100, permitiendo la transformación de las EPS en Gestoras de Salud, otorgándoles un papel dominante en el sistema, legalizando la apropiación de recursos públicos de la salud a manera de utilidades».

Por su parte el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, consultado por PROCLAMA defiende que el polémico proyecto de reforma tiene como objetivo mejorar la salud de los colombianos y busca superar errores históricos del sistema.

El ministro del Interior, el caucano Aurelio Iragorri, argumentó, antes de una reunión con el presidente Santos y con miembros del Congreso para tratar el tema, que el citado proyecto de ley ha sido mejorado y se le harán modificaciones. Según Iragorri Valencia, el proyecto que entró al Congreso y salió aprobado por el Senado «está bastante mejorado en su texto y esperamos mejorarlo aún más en los debates que hacen falta».

Lo cierto es que las decisiones públicas sobre la salud en Colombia no son el resultado de la mala aplicación de modelos extranjeros. Es posible demostrar que las diferentes propuestas técnicas internacionales que pretendían ofrecer servicios de salud a toda la población, bien por la vía de un seguro social universal o de un servicio único nacional de salud, han estado presentes en el ámbito nacional durante las últimas  décadas.

No ha sido la ausencia de opciones técnicas lo que explica la falta de un sistema más universalista de servicios de salud en Colombia. Tal falta se explica por el tipo de relaciones de poder en el sistema político, en general, y del campo de la salud y de la seguridad social, en particular. El sistema de salud, organizado jurídicamente desde la década del 70, fue el resultado de tensiones y negociaciones complejas entre diferentes actores sociopolíticos de la sociedad colombiana que han obtenido sólo parcialmente lo que cada uno pretendía.

Aun así, grandes sectores de la población han quedado excluidos y se ha acumulado una enorme frustración en medio de los intentos fallidos por ofrecer, por lo menos, servicios de atención médica para todos.

La ausencia de escala salarial digna, el sistema político excluyente, la debilidad de las opciones universalistas en la interacción de los actores sociopolíticos y la cultura política individualista resultante, constituyen los principales obstáculos estructurales para avanzar en el derecho a la salud en Colombia y que se han visto reflejadas en la Ley 100 de 1993, han dado a entender los trabajadores de la salud que protestan.

La superación de tales obstáculos va más allá de la identificación del mejor modelo de financiación y distribución de los servicios de salud. Implica la aceptación de intereses, de imaginarios en contradicción y de necesidades de concertación profunda entre las fuerzas constitutivas del sistema político en su conjunto, sobre lo que debe ser el derecho a la salud para todos, porque está claro que el problema de la salud no es de plata y recursos.

Implica también la necesidad de establecer reglas y escenarios legítimos de expresión, de debate y de construcción de nuevas formas de organización que conduzcan hacia la garantía del derecho a la salud, más allá de la atención de las enfermedades, para todos los colombianos.