Construcción de Estado y Posconflicto: «Retos memorables»

Inicialmente, cuando se propone un proceso de paz, se pretende por la finalización de un conflicto que dé paso a la integración y reconstrucción del tejido social. A lo largo de los años en la historia de Colombia se han realizado nueve procesos de paz con diferentes grupos al margen de la ley, en ellos se han combinado desmovilización, descentralización y programas estatales que permiten reintegrar a estos sujetos armados que van en contra de los poderes constitucionales y la esencia de la institucionalidad.

Así las cosas, el mundo también ha tenido la posibilidad de realizar procesos de paz y negociaciones que han sido exitosas para mantener el orden público y “recuperar la sociedad”, es decir, reconstruir el tejido social que se ha visto quebrantado por culpa del conflicto. Claudia López en su libro ¡Adiós a las Farc! ¿Y ahora qué? afirma que “… Pocos países tienen más experiencia en conflicto armado y guerra civil que Colombia, pero ningún otro tiene más experiencia en Paz”[1] donde ciertamente, si se logra finalizar exitosamente la negociación con las FARC y el ELN, pasaría a convertirse en el décimo proceso de paz que concluyo con los últimos dos grupos surgidos del Frente Nacional como una forma de rebelión que argumenta la falta de participación política y represiones por parte del Estado.

Remontándome a la historia reciente de Colombia, a partir de datos históricos e investigativos y en estudio de los gobiernos que desarrollaron procesos de paz o negociaciones para mediar el conflicto, es claro que algunos han mezclado diferentes maneras como mecanismos de regulación del poder para enfrentase al post-conflicto como el clientelismo o la fuerza con narco-paramilitarismo.

Así, es necesario romper las estructuras clásicas y convencionales que agobian al Estado en relación con la corrupción “La Mermelada” que permite una buena interacción entre el Gobierno y los políticos locales, o en otras palabras “Me ayudas, yo te ayudo”.

Otro de los retos para la construcción de un posconflicto integral se encuentra en la imperiosa necesidad de llevar el Estado a las regiones donde él se encontraba totalmente ausente y donde quienes han ejercido el poder han sido los grupos ilegales que se convierten en el gobierno y ejecutan los proyectos. Este es uno de los principales obstáculos que se tienen que romper, permitiendo que el Estado asuma su responsabilidad como un medio descentralizado y garante de la seguridad social y democrática.

Ahora bien, en el desarrollo de un posconflicto de una manera efectiva y concreta, será necesario no cometer los errores del pasado y aprender de nuestra experiencia, es decir, conociendo nuestra historia en materia de reintegración a la sociedad civil, participación política, programas de restitución de tierras. Todo en un marco que acoja a todos los sectores sociales sin distinción alguna. Por tal, cuando se aprende de nuestra propia experiencia, será necesario preparar a las comunidades y a la sociedad en general para un nuevo paso que va rumbo a concebir un mejor país donde se encuentra el tejido social.

Asimismo, de los temas más polémicos para el posconflicto es la desmovilización y reintegración de los actores del conflicto, es decir que será importante que el Estado ejerza control sobre los programas de reinserción garantizando la seguridad y las oportunidades para un retorno efectivo y sano a la vida civil; si no nos encontraremos ante diferentes situaciones que se verán identificadas en la delincuencia y en acciones negativas por parte de los desmovilizados.

Francisco Gutiérrez Sanín argumenta en El orangután con sacoleva (Gutiérrez Sanín, 2014): A lo largo de cien años, 1910-2010, en Colombia ha convivido un régimen político democrático y elecciones periódicas formales, con altísima represión violenta fundada en la privatización de la provisión de seguridad, la inequidad extrema, la subespecificación de los derechos de propiedad y un centrismo que genera una clase de coaliciones en el poder que da grandes ventajas competitivas a las élites violentas (Gutiérrez Sanín, 2014, pp. 23 y 24). [2]

Ahí es donde nos fijamos en la singularidad al momento de hablar del conflicto, que se ha generado por las diferencias y la sed de poder, manifestando, como lo decía Sanín, en la “inequidad extrema” garantizando de manera contundente la falta de oportunidades e igualdad al participar en política democráticamente.

Si bien cierto, la historia es única cuando se habla de violencia, debido a que Colombia se ha desangrado como un país que ha vivido en guerra por más de 50 años, y que ha establecido esa forma tradicional de asumir la cotidianidad cultural y política de la sociedad, y es ahí, específicamente ahí, donde se debe comenzar a crear espacios de participación democrática para la opinión y el debate donde se garantice la libertad e inclusión para poder construir Estado.

Y una promisoria construcción de Estado tiene que remitirse a la consolidación de un Estatuto de Oposición, que dé plenas garantías para la libertad de expresión que suscita el artículo 20 de los derechos fundamentales y que cobija la Constitución Política de Colombia en un marco legal.

Ciertamente, se deben crear escenarios que garanticen la libre oposición, y que permitan el contexto para escenarios de diálogo y conversación para alcanzar el bienestar social y una Paz estable y duradera. Por tal, la creación de un Estatuto de la oposición, que antes no existía pero que, si se prestaba la idea, hoy se puede asumir como uno de los retos primordiales para el posconflicto porque, si bien es cierto, la idea es clara al momento de hablar de falta de oportunidades, y que podría dar un giro si se expresan como una garantía más para hacer política de manera sana como una estrategia para regular eso que se llama ‘Mermelada’.

“Es necesario también desarrollar los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Integral (PDEF), lo cual implica la erradicación de cultivos ilícitos; la participación comunitaria y, la priorización de las zonas para desarrollo rural por niveles de pobreza, grupos de afectación del conflicto, debilidad institucional, etc.”[3]

El campo, se puede decir, y quienes habitan en zonas rurales han sido las principales víctimas del conflicto, por tal, su reparación tiene que basarse en garantías y acciones por parte del Estado y acabar con aquello que lo afecta y lo agobia que es esa misma “debilidad institucional” y esa traba del desarrollo, que muchas veces lo atranca y no permite que con eficacia los recursos sean usados para el progreso. La principal garantía que se les tiene que dar es la No repetición, para que así, y de manera preventiva, se asuma el compromiso social con las comunidades y los sectores más golpeados.

El desafío del posconflicto, en esencia, es construir Estado, y recuperar el tejido social. El ideal es que todo lo que se acuerde se cumpla, y que se garantice el cese al fuego definitivo e irrevocable, para que así el desarrollo no se convierta en un desafío provisional o efímero, sino un compromiso social y constructivo.

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Bibliografía

[1] López (2016), ¡ADIOS A LAS FARC! ¿Y AHORA QUÉ?

[2] Gutiérrez Sanín. (2014). El orangután con sacoleva. Colombia.

[3] OLANO, HERNÁN (2016) El enigma del campo colombiano – Análisis Universidad de la Sabana http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/retos-del-posconflicto-en-el-campo/16682380