El Consejo de Estado pidió al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, como jefe y director de los diálogos de paz entre Gobierno y Farc, incluir en la agenda de negociaciones de La Habana (Cuba) un punto en el que se discuta la grave situación de las minas antipersonales y se proponga un desminado.
“Es evidente que el acuerdo no garantizaría, por sí mismo, la eliminación del problema en el corto o mediano plazo, se hace imperativo incluir la discusión de este punto de cara a la eliminación completa de este rezago de la guerra que lastimosamente se extendería” dice el fallo del alto tribunal.
El magistrado Enrique Gil Botero, señaló que no es posible consolidar la paz si los efectos del conflicto se prolongan y afectan a la comunidad, como sería el caso de los campos minados instalados por las Farc en las zonas rurales del país.
Señaló el jurista que: “Es imperativo advertir que en todo proceso de paz se torna fundamental el compromiso de las partes en encontrar todos los medios que sean necesarios para que el desminado humanitario sea una realidad en la etapa del eventual posconflicto, de ello depende, en una de las múltiples aristas de nuestro conflicto interno, el establecimiento de una paz estable y duradera”.
El pronunciamiento hace parte de una sentencia que condenó al Ejército Nacional por la muerte de un joven campesino en el municipio de Yalí, Antioquia, en octubre de 1997, cuando activó accidentalmente un rocket que había sido acondicionado por la guerrilla para fungir como mina antipersonal.
“En el presente caso, quien debía realizar esa demarcación y erradicación era el Ejército y no hizo ni lo uno ni lo otro, por lo que se configuró una omisión de su parte” explicó el fallo de la sección tercera.
Para el Consejo de Estado es deber como juez de la reparación advertir situaciones de esta índole, como uno de los garantes del cumplimiento de las convenciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Por lo que en nombre de las víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar, pidió cesar de forma inmediata la utilización de estas trampas mortales generadoras de pérdidas invaluables y dolor en la población civil.
Defensoría del Pueblo respalda la petición
Al término de la sesión de instalación del Tercer Foro de Análisis sobre el Sistema Penal Acusatorio, convocado por la Fiscalía General de la Nación en San Andrés, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, se mostró de acuerdo con la solicitud formulada por el Consejo de Estado al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que se incluya el desminado como aspecto fundamental en la agenda de negociaciones que se adelanta con el grupo armado ilegal de las Farc.
“Pese a que el manejo del proceso de paz es del resorte del Alto Gobierno en cabeza del Presidente de la República, consideramos necesario que se tenga en cuenta este tema del desminado”, señaló Otálora Gómez, luego de resaltar que también se debería agregar el cese del reclutamiento infantil en las filas de la guerrilla y la vinculación de la población civil que resulta afectada por las acciones indiscriminadas en medio del conflicto.
“Es una demanda del Derecho Internacional Humanitario”, sentenció Otálora Gómez al indicar que abandonar estas prácticas sería sin duda un buen mensaje de las Farc a la sociedad y un signo de confianza hacia el proceso de paz.
