- Carlos Eduardo Correa se entregó el pasado viernes en Bogotá. Marcos Daniel Pineda García, actual alcalde de Montería, fue capturado por la Fiscalía por el mismo caso.
- También capturan a la fiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, pues habría incurrido en actos de corrupción para beneficiar a postulados de la Ley de Justicia y Paz
Las demoras y los sobrecostos en la construcción del coliseo de Montería Miguel ‘Happy’ Lora, que se entregó al final con cuatro años de retraso, forman parte de del expediente que llevó a la captura de Carlos Eduardo Correa Escaf, el alto consejero presidencial para las regiones, y de Marcos Daniel Pineda García, actual alcalde de esa ciudad.
El Coliseo se empezó a construir en 2011, a fines de la primera administración de Pineda, para los juegos nacionales de 2012, pero las obras se retrasaron y por eso la construcción siguió durante todo el mandato de Correa. El contrato para remodelar la villa lo firmó la alcaldía de Correa en 2015 por 13 mil millones de pesos y las obras han ido avanzando. En mayo de este año el alcalde Pineda dijo que iban en un 70 por ciento de ejecución, pero que su costo total había subido a 20 mil millones de pesos.
Marcos Daniel fue en 2008 el alcalde más joven del país, y venía de ser asesor del entonces concejal y ahora ministro de las TIC, David Luna; había trabajado para el Ministerio del Interior y Justicia durante varios años de los gobiernos de Álvaro Uribe y para su primera campaña se alió con su amigo David Barguil.
Entre el 2014 y el 2015 la Secretaría de la Transparencia, bajo la dirección en ese momento de Camilo Enciso, había prendido las alarmas sobre la paralización de la obra, cuya investigación fue priorizada en la Comisión Regional de Moralización.
En septiembre del año pasado la Contraloría General había advertido que en el millonario contrato “se encontraron faltas en la planeación, supervisión, calidad de obra, contratación e incumplimiento a cláusulas del convenio”.
Para ese momento el reporte de porcentaje de pagos correspondía al 78,8 por ciento mientras que la ejecución y avance físico se encontró al 41 por ciento. El organismo de control señaló en ese momento que se habría registrado un hallazgo fiscal por 4.586 millones de pesos.
Además de Correa y Pineda García fueron capturados Pascual Guerrero Arana, director ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, Samuel Eduardo Mora y Gilmar Alberto González Mora, funcionarios de la interventoría Ffograf, a quienes imputarán los cargos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía compulsó copias para que se investigue por los mismos hechos a los exgobernadores Martha del Socorro Sáenz Correa y Alejandro Lyons Muskus.
Correa Escaf se desempeñó hasta mayo del año pasado como viceministro de Agua, y de ahí pasó a la Consejería para las Regiones. Fue elegido mejor alcalde de Colombia en el 2013 y recibió un reconocimiento en 2014 por la organización City Mayors Foundation. También se ganó el Premio Nacional al Alcalde Parcero de la Juventud.
Las investigaciones contra Correa y Pineda hacen parte de la estrategia ‘Bolsillos de Cristal’, la priorización de casos de corrupción en las regiones que ya ha llevado a la Fiscalía a tomar medidas contra mandatarios y exmandatarios de departamentos como Chocó, La Guajira, Sucre y Meta.
Medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión contra fiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán
Al parecer la funcionaria habría incurrido en actos de corrupción para beneficiar a postulados de la Ley de Justicia y Paz
La medida contra la fiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán fue proferida por un magistrado de control de garantías de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de atender la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público.
De acuerdo con las determinaciones argumentadas por el magistrado “se aprecia urgente, adecuado, necesario y proporcional para evitar que ella obstruya la justicia, asegurar que comparezca a la justicia y evitar riesgos para la comunidad y para el cumplimiento de la eventual pena, si a ello hubiera lugar”.
También explicó que la funcionaria tiene la capacidad y las condiciones necesarias para lograr que se destruyan, modifiquen o tergiversen elementos de prueba, así como para incidir e interferir con eventuales testigos y otras evidencias, puesto que no estaría sola en las conductas de ilegalidad en las que se adentró, además que posee las condiciones necesarias para salir del país y eludir el accionar de la justicia.
La investigación adelantada en el curso de los últimos meses permitió recaudar evidencia que demostraría que la funcionaria judicial, al parecer, realizaba actos de manera ilegal encaminados a beneficiar la situación jurídica de postulados en el proceso de Justicia y Paz, y para esto habría entrado en complicidad con su esposo Gustavo Adolfo Calero Vargas, su asistente Iván Darío González Cañón, el abogado Juan Carlos Restrepo Bedoya, y la esposa del postulado Orlando Villa Zapata, Milena Paz García.
Estas últimas cuatro personas también fueron judicializadas por la Fiscalía ante el Juzgado 37 Penal de garantías de Bogotá, que afectó con detención intramuros a Calero y a Restrepo, mientras que le concedió la domiciliaria a González y a Paz.
Según su posible responsabilidad, el ente acusador les imputó cargos por cohecho propio continuado, enriquecimiento ilícito, asociación para cometer delitos contra la administración pública, cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal y abuso de la función pública.
Dentro de los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectada se ha establecido la existencia de una casa ubicada en Estados Unidos, de propiedad de la fiscal Niño Farfán, que adquirió por USD$490.000, motivo por el cual se compulsó copias a la Dirección Nacional de Extinción de Dominio.
La captura de Niño Farfán fue realizada por el CTI el pasado sábado 10 de junio, por haber incurrido presuntamente en los delitos de peculado por apropiación, peculado por uso, cohecho propio, tráfico de influencias y fraude procesal, que le imputó la Fiscalía.
El lugar de reclusión intramuros para la procesada será determinado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).
La funcionaria coordinó el proceso de sometimiento a la Ley 975 de 2005 de los postulados por el Gobierno Nacional del extinto Bloque Vencedores de Arauca, que se acogieron a dichos beneficios y, además, se desempeñó como Directora de la Escuela de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación.
