Representantes de varias regiones y partidos radicaron en el Congreso un proyecto de ley que busca aumentar las sanciones contra quienes oculten su identidad para cometer delitos durante manifestaciones públicas.
La iniciativa, presentada el 1 de septiembre de 2026, fue radicada por los representantes Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, y cuenta con respaldo de congresistas de distintas zonas del país.
El proyecto propone castigar a quienes utilicen capuchas, máscaras, pasamontañas u otros elementos destinados a impedir o dificultar su identificación cuando esa conducta esté asociada con la comisión de actos vandálicos en marchas, reuniones, movilizaciones o concentraciones públicas.
La pena propuesta oscila entre 54 y 96 meses de prisión, además de multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El proyecto no penaliza la protesta pacífica
Los autores sostienen que la iniciativa busca diferenciar el ejercicio de la protesta de las conductas delictivas cometidas bajo el anonimato.
“El 99 % de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo”, afirmó Arizabaleta durante la presentación del proyecto.
Julio César Triana aseguró que la propuesta pretende entregar más herramientas a las autoridades para judicializar a quienes destruyan bienes públicos o privados y utilicen el ocultamiento de identidad para evitar su identificación.
El articulado establece agravantes cuando se empleen explosivos, sustancias corrosivas, artefactos artesanales u otros elementos capaces de causar daños a personas o bienes.
También contempla mayores sanciones cuando los hechos afecten establecimientos educativos, centros de salud, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos.
También contempla bloqueos de vías
La iniciativa incluye sanciones para quienes, mediante medios ilícitos, inciten, dirijan, obliguen o faciliten bloqueos de vías o infraestructura de transporte cuando esas acciones pongan en riesgo la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.
En estos casos también se plantean penas de entre 54 y 96 meses de prisión, multas entre 50 y 200 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante un periodo equivalente a la pena impuesta.
El proyecto comenzará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde deberá superar los debates legislativos antes de pasar a las siguientes etapas en el Congreso.
