Tras cuatro días de tensión y parálisis vial en el Cauca, las comunidades indígenas del norte del departamento acordaron este sábado levantar el bloqueo de la vía Panamericana en el sector de La Agustina, municipio de Santander de Quilichao. Aunque se reabre el paso, las autoridades ancestrales se declararon en asamblea permanente hasta el 10 de septiembre, advirtiendo que retomarán las movilizaciones si no hay respuestas concretas del Gobierno Nacional.
El Cauca vivió esta semana una nueva jornada de movilización indígena que impactó la movilidad y la economía regional. Desde el pasado 2 de septiembre, autoridades y comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) bloquearon la vía Panamericana a la altura de La Agustina, en el municipio de Santander de Quilichao, exigiendo el cumplimiento de acuerdos previamente pactados con el Gobierno Nacional.
Durante los días de protesta, el tránsito de vehículos de carga y pasajeros estuvo completamente interrumpido, generando largas filas y afectaciones logísticas en la principal arteria vial del suroccidente colombiano.
Tras una serie de diálogos entre delegados de las comunidades y representantes gubernamentales, este sábado se logró un acuerdo que permitió levantar el bloqueo. Sin embargo, las autoridades indígenas informaron que permanecerán en asamblea permanente hasta el 10 de septiembre como medida de presión.
“Se llega a un acuerdo con las autoridades del Sat Fxinxi Kiwe, ACIN y CRIC para el desbloqueo de la vía Panamericana. Nos declaramos en asamblea permanente hasta el 10 de septiembre, ultimátum al Gobierno Nacional”, señalaron voceros indígenas.
El desbloqueo de la Panamericana trae un respiro temporal para miles de conductores y comerciantes que dependen de esta carretera, pero deja en evidencia las tensiones históricas que persisten en el departamento. Las comunidades advierten que volverán a movilizarse si no se cumplen los compromisos establecidos en mesas de concertación.
Con este anuncio, el Gobierno Nacional enfrenta un nuevo desafío para garantizar el diálogo social y la estabilidad en una región marcada por la resistencia indígena y las demandas sociales.
