Desde el día de hoy Miércoles 31 de Agosto y acatando la decisión de una Asamblea Comunitaria, alrededor de 20 representantes de las veredas Mazamorrero de Santander y Buenos Aires se declararon en huelga de hambre indefinida, frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao.
De acuerdo con la información dada a conocer por los dirigentes comunitarios y el concejal de Santander de Quilichao Edier Erney Loboa Mina, estos actos pacíficos de protesta se deben a que el Ministerio del Interior escrituró al Cabildo Indígena de Toribío la finca San Rafael de 560 hectáreas, ubicada en la vereda Mazamorrero donde la totalidad de los habitantes son afro-descendientes, quienes argumentan que ampliar el territorio del resguardo indígena sobre las comunidades negras “pone en peligro nuestra identidad étnica, cultural y territorial” y que nuevamente sufrieron la pérdida de una res que fue sacrificada por los indígenas. Loboa dijo que inclusive algunos indígenas que custodian la hacienda han hecho disparos para intimidar a sus vecinos afrodescendientes.
“Dos vicepresidentes de la República, Francisco Santos y Angelino Garzón, reconocieron públicamente el error. Recientemente Aurelio Iragorri, Viceministro del Interior y Pedro Santiago Posada, director de asuntos indígenas del mismo ministerio, se comprometieron resolver el problema” expresan en un comunicado las comunidades afros, en el cual confirman que “desde entonces y desde hace ya casi cuatro años las comunidades indígenas y afro-descendientes se siguen enfrentando por un error que cometió el gobierno. Esta inútil y absurda confrontación entre los pobres de los más pobres, ya ha generado heridos, víctimas fatales y numerosas pérdidas materiales, por lo cual exigen la devolución inmediata de los territorios ocupados por los indígenas y el reconocimiento como territorio colectivo de la finca San Rafael a las comunidades de Mazamorrero Santander y Buenos Aires.
El concejal Edier Erney Loboa Mina confirmó además que se ha preparado una marcha del silencio para el próximo sábado 3 de septiembre, con el fin de llamar la atención del gobierno central y presionar la solución.
Antecedentes
Como se recordará, el 22 de mayo pasado se presentaron enfrentamientos en ésa área por los motivos descritos, entre comunidades negras e indígenas en los que resultaron numerosos heridos a bala, machete y garrote. Los hechos se presentaron cuando una delegación indígena, procedente del municipio de Toribío llegó en ‘chiva’ a la hacienda San Rafael, para tomar posesión del predio que había sido adjudicado por el Ministerio del Interior y de Justicia a la comunidad indígena Nasa, a pesar de estar enclavado en territorio ancestral de las comunidades negras. Según algunas versiones conocidas de primera mano, los indígenas habían sacrificado una vaca de propiedad de la comunidad afro, lo que motivó una reacción violenta con los resultados descritos. Igualmente, se supo que una de las casas de la hacienda fue incendiada, lo mismo que una motocicleta de los indígenas.
En esa oportunidad, como lo hizo en el día de hoy, el alcalde de Santander de Quilichao, Juan José Fernández Mera fue enfático al manifestar que ante este problema es necesaria la presencia urgente de delegados del Ministerio del Interior y de Justicia, pues es la entidad que tiene que afrontar directamente la problemática. Hoy nuevamente, frente a la protesta, Fernández Mera informó que se comunicó con Aurelio Iragorri, Viceministro del Interior, quien le respondió que no tiene por qué negociar nada bajo presión.
Coincidencialmente, Guillermo Alberto González Mosquera, Gobernador del Cauca, llegó hoy a Santander de Quilichao, para resolver asuntos concernientes con la instalación del gasoducto, otro «dolor de cabeza» con comunidades, siendo testigo de la huelga de hambre indefinida que iniciaron algunos representantes de las comunidades negras, y quien también había solicitado al Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, enviar urgente una comisión que brinde soluciones definitivas a este conflicto generado por la entrega de predios a indígenas en lugares donde se encuentran asentadas comunidades afrodescendientes, pero a él tampoco “le pararon bolas”.
Por su parte, la Consejería Mayor – Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC había reconocido que “esta situación al parecer hace parte de una estrategia del poder político y económico para crear escenarios de confrontación entre organizaciones y comunidades, tal como lo indicó el cabildo indígena de Toribío cuando tuvo claro que el gobierno nacional había sido imprudente al dar cumplimiento a un compromiso de derechos humanos, entregando un terreno reclamado por las comunidades afro”, concluyendo en carta enviada al gobernador González Mosquera, que “la situación actual requiere soluciones de fondo con procesos de consulta que atiendan los requerimientos de tierras de las comunidades afro, campesinas e indígenas, no hacerlo corroboraría que en nuestro país los principios y fundamentos constitucionales no son respetados por los funcionarios públicos, siendo nuestro deber, como sociedad colombiana, continuar realizando acciones de movilización social y demandas jurídicas ante organismos de del Estado y de derechos humanos del orden internacional para evitar que el reino de la impunidad siga triunfante en Colombia”.
NOTICIA EN DESARROLLO.
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