Comisión de Paz del Senado sesionó en Concejo de Popayán


Comisión de Paz del Senado sesionó en
el Concejo de Popayán.
Por: Felipe Solarte Nates y María Fernanda Daza.
La Comisión de Paz del Senado, presidida por Ariel Ávila escuchó a delegados de comunidades de diferentes municipios del Cauca afectados por la violencia agudizada desde inicios de 2023.
También asistieron las también integrantes de la Comisión del senado: Paloma Valencia, del Centro Democrático y Aida Quilcué del Pacto Histórico; el representante a la Cámara por Cambio Radical, Oscar Rodrigo Campo; el alcalde de Popayán Juan Carlos Muñoz Bravo; el secretario de Gobierno Departamental Miller Mosquera y altos mandos nacionales y departamentales de la Policía y el Ejército, así como algunos diputados a la Asamblea Departamental, concejales y familiares de víctimas y desaparecidos por la violencia y familiares de los funcionarios de la Fiscalía secuestrados en días anteriores en Santander de Quilichao.

La mayoría de quienes intervinieron en representaciones de diversas organizaciones populares afines y críticas del gobierno de Petro, coincidieron al resaltar en sus intervenciones, que después de un corto periodo de tranquilidad inmediato a la firma del acuerdo de paz con las FARC, en el gobierno de Santos, volvió a enseñorearse la violencia en los territorios después que en el gobierno de Duque, en regiones apartadas no hicieron presencia entidades del Estado, ni cumplieron la mayoría de acuerdos y proyectos de mejora de las condiciones de vida de la población, agravándose la situación, después que el actual gobierno, siguiendo su política de “paz total” y cese al fuego, como acción de buena voluntad, fue engañado por los grupos armados que se expandieron, lucharon entre ellos y se apropiaron de nuevos municipios, desplazando y amenazando a comunidades indígenas, afros y campesinas, asesinando a líderes que no les marchan, apoderándose del narcotráfico, minería ilegal, extorsión, reclutando menores y carnetizando a la población.
Voceros de los campesinos del corregimiento de Ortega, en Cajibío, denunciaron el acoso y confinamiento en que tienen a hombres, mujeres y niños, la guerrilla del EMC de las disidencias de las FARC, sin que las Fuerzas Armadas hagan presencia efectiva para defenderlos.

Dirigentes del sur del Cauca y Macizo colombiano e indígenas de diferentes regiones del departamento, también destacaron el hostigamiento y persecución a que diariamente se exponen líderes comunitarios que no se someten a las ordenes arbitrarias de los grupos armados que amenazan, desplazan y asesinan a quienes no les obedecen.
Coincidieron en exigirles al gobierno nacional y departamental, mayor presencia en los territorios con obras y proyectos de salud, educación, servicios públicos y fomento a la producción agropecuaria, para crear condiciones favorables de convivencia.
El concejal José Luis Diago, además de denunciar que junto a sus demás colegas tienen un pobre sistema de protección, les pidió a los congresistas asistentes, interceder ante el presidente Petro, para que la Nación aporte importantes recursos que permitan saldar la cuantiosa deuda con los hermanos Solarte, pues ante un embargo, o acogiéndose a ley 550, no podría cumplir con obras y proyectos que ayuden a construir paz desde los territorios.



