El Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella empezó a delinear una nueva estrategia de seguridad y defensa con apoyo de Estados Unidos. La propuesta, denominada Plan Patriota 2.0, busca fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico, las economías ilícitas y las organizaciones armadas que operan en distintas regiones de Colombia.
Los primeros detalles fueron expuestos después de reuniones en Washington entre el ministro de Defensa designado, general retirado Jorge Eduardo Mora, y Joseph Humire, subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental. Según lo informado por Noticias Caracol, el funcionario estadounidense señaló que el propósito es llevar la alianza entre ambos países a un nivel operativo más alto durante el Gobierno de De la Espriella.
La estrategia contempla la participación de Colombia en una coalición internacional contra los carteles del narcotráfico, integrada por 19 países del hemisferio. El objetivo será coordinar información, capacidades técnicas y acciones contra estructuras criminales con presencia transnacional.
El general retirado Jorge Eduardo Mora ha señalado que una de las prioridades será recuperar, modernizar y fortalecer capacidades estratégicas de la Fuerza Pública. Entre los puntos mencionados aparecen el mantenimiento de la flota de helicópteros Black Hawk, programas de protección contra drones y la creación de un centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.
El Plan Patriota 2.0 toma su nombre de una de las operaciones militares más recordadas del conflicto armado colombiano. Sin embargo, su alcance actual se plantea en un contexto distinto. Mientras el Plan Colombia y las operaciones posteriores estuvieron concentrados en recuperar presencia estatal frente a las Farc, la nueva propuesta apunta a golpear las economías ilícitas que sostienen a grupos armados, redes de narcotráfico, minería ilegal y estructuras con capacidad de control territorial.
El general retirado Guillermo León, presidente de Acore, sostuvo que el país necesita reforzar la inteligencia técnica, la movilidad aerotransportada, la interdicción aérea y los mecanismos de coordinación operativa. También señaló como zonas de atención el suroccidente colombiano, especialmente Cauca, Nariño y Putumayo, además del Catatumbo, el noreste antioqueño, el sur de Bolívar, Guaviare, Meta y Caquetá.
Para el suroccidente colombiano, el anuncio tiene una lectura directa. Cauca, Nariño y Putumayo siguen siendo corredores de disputa entre estructuras armadas ilegales, economías ilícitas y rutas de salida hacia el Pacífico. En esos territorios, la seguridad no depende únicamente de operaciones militares. También requiere presencia judicial, inversión social, control de fronteras, protección de comunidades, sustitución de economías ilegales y capacidad institucional en municipios afectados por la violencia.
Desde la perspectiva diplomática, el exembajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker calificó como positivo el acercamiento entre el Gobierno entrante y Washington. Según su análisis, Colombia requiere apoyo técnico y financiero, pero no presencia de tropas estadounidenses, debido a la capacidad de sus Fuerzas Militares y de Policía.
La propuesta también incluye asuntos de ciberdefensa y amenazas extrahemisféricas. En ese punto se han mencionado preocupaciones por la influencia de Rusia e Irán en la región. Sin embargo, analistas citados por Noticias Caracol advierten que la prioridad inmediata seguirá estando dentro del país: Clan del Golfo, ELN, disidencias y estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.
El Gobierno electo deberá convertir estos anuncios en una política de defensa con presupuesto, cronograma, coordinación interinstitucional y control civil. La cooperación con Estados Unidos puede aportar tecnología, entrenamiento, financiación e intercambio de información, pero su ejecución tendrá que ajustarse a la Constitución colombiana, el derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.
El Plan Patriota 2.0 queda, por ahora, como una hoja de ruta en construcción. Su impacto dependerá de la forma en que el nuevo Gobierno combine seguridad, inteligencia, justicia, inversión territorial y control de las economías ilegales que sostienen la violencia en las regiones.
