Cinco retos para proteger a periodistas en Colombia
Según un informe de la FLIP más del 70 por ciento de los periodistas protegidos por el gobierno colombiano denuncian serias fallas en los mecanismos de protección.
La protección a periodistas y a las poblaciones más vulnerables del país atraviesa una de las crisis más agudas desde su creación, hace quince años. Su momento más crítico ocurrió a finales de 2014, cuando el entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, amenazó con levantar las medidas de seguridad a más de siete mil personas que se encuentran en riesgo, entre ellos 114 periodistas, por falta de recursos económicos.
Aunque el ultimátum no se hizo efectivo, el programa ha funcionado en los últimos meses con serias fallas que alteran la seguridad de los beneficiarios. Durante varios meses la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) consultó a periodistas beneficiarios del Programa y recibió respuestas que muestran un desalentador panorama.
Negación de viáticos para movilizarse y poder cumplir con labores de reportería; Retrasos de hasta cuatro meses para recibir los subsidios de transporte y gasolina de los carros; Demoras para conocer los resultados de su estudio de riesgo e inconformidad con el resultado de dichos estudios, son las irregularidades más reiterativas.
Pero más allá de estas deficiencias coyunturales que responden a la crisis presupuestal, el nuevo director, Diego Fernando Mora, quien se posesionó a finales de enero de este año, deberá buscar soluciones para hacer frente a cinco problemas estructurales.
- Coser el bolsillo roto
Después de tres años de funcionamiento, el 2014 fue el segundo año en el que la UNP sobrepasó su capacidad económica, necesitando una adhesión presupuestal. En ambos casos, la cartera se vació seis meses antes de finalizar el año. Curiosamente esto sucede al mismo tiempo que la Unidad recibe incrementos en sus dineros anuales con relación a periodos anteriores: En 2013 el presupuesto fue de 195 millones de dólares y en 2014 fue de 215 millones de dólares, sin tener en cuenta la adhesión.
La explicación desde la UNP es que los costos aumentan por el mismo incremento de protegidos. Aunque este argumento resulta válido, funcionarios de la Unidad y órganos de control advierten que existen graves problemas de planeación.
A finales de diciembre de 2014, la Contraloría General de la República (CGR) elevó ante la Procuraduría cuatro Acciones Preventivas para que se determine si funcionarios de la UNP incurrieron en faltas disciplinarias. Esta solicitud se llevó a cabo después de un informe realizado por el ente de control y cuyos hallazgos tienen que ver principalmente con el manejo presupuestal y administrativo de la entidad. Además, el informe advierte sobre debilidades de control, clasificación, consistencia, confiabilidad y oportunidad de la información en temas relacionados con solicitudes de protección, evaluación de riesgos, medidas implementadas y beneficiarios atendidos, entre otros.
En el transcurso del 2014, la CGR ha recibido 11 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades presentadas en la UNP con el manejo de recursos, inventarios, medidas de protección, nómina paralela, contratación y supervisión, y pago de viáticos, entre otros temas.
También han sido objeto de críticas las más de diez oficinas que la UNP ha abierto en otras ciudades del país y que no tienen capacidad de ejecución.
- Tratar a todos los periodistas por igual
Es importante reconocer que uno de los principales méritos del programa ha sido su capacidad para atender a periodistas de los municipios más apartados y afectados por el conflicto. Sin embargo, en los últimos años la FLIP ha observado que el programa es mucho más exigente con periodistas regionales y más laxos con los nacionales y las autoridades que toman decisiones sobre protección no son constantes ni aplican los mismos criterios.
La Corte Constitucional, mediante el Auto 266 de 2009, avaló una matriz de riesgo que fue diseñada para que el riesgo de las personas se midiera con base en criterios objetivos y paritarios. La matriz asigna un puntaje al riesgo y debería haber una correspondencia entre el puntaje y las medidas de protección que se asignan.
La FLIP ha constatado que las medidas de seguridad a periodistas no están siendo otorgadas según el resultado que indica la matriz.
De esta manera, se ha visto cómo periodistas con resultados de riesgo similares tienen medidas muy distintas. Por ejemplo, comunicadores en departamentos como Guaviare o Norte de Santander, con una matriz de riesgo entre 55 y 58, tienen un hombre de protección, mientras que reconocidos periodistas de Bogotá, con resultados de riesgo iguales o de valores cercanos, cuentan con esquemas de protección conformados por 12 o 14 hombres de la UNP o de la Policía Nacional, carros blindados y motos.
- Cumplir con las promesas rotas
El ambiente de incredulidad por parte de los beneficiarios existe por las numerosas fallas del Programa y por el incumplimiento de las promesas realizadas por la UNP. Después del asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, el director de la UNP realizó una serie de reuniones con los periodistas de Bajo Cauca y se comprometió a implementar dos esquemas colectivos para la seguridad de ocho periodistas. Hasta la fecha esta promesa no ha sido cumplida.
- Despejar las incertidumbres sobre el futuro
La renuncia de Villamizar y de los analistas que estaban a cargo de cada una de las poblaciones a las que atiende la Unidad, deja un panorama de incertidumbre. En los tres años de creación de la entidad, Villamizar había sido su único responsable y era quién planificaba la institución a futuro. Además, la salida de los analistas significa también que buena parte de la información de los casos se va con ellos, pues la entidad no tiene un sistema de información preciso con la documentación necesaria para el adecuado seguimiento de los casos.
Hasta el momento poco se conoce de su nuevo director y el hecho de que Mora no tenga experiencia previa en el sector público, tampoco en temas de seguridad, protección y derechos humanos ha generado dudas sobre su idoneidad para este cargo.
- Conquistar a la Fiscalía
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó en su informe sobre violencia contra la prensa que a la hora de adoptar esquemas de protección de periodistas es fundamental asegurar una efectiva coordinación entre las entidades responsables de la implementación de medidas de prevención, protección y procuración de justicia.
Este principio ha sido subrayado de manera constante sin que exista ninguna reacción por parte del ente acusador. Por el contrario, en el último semestre su participación en el CERREM, instancia que define la asignación de esquemas de protección, ha sido más deficiente que nunca, su inasistencia es frecuente y su silencio ante cada uno de los hechos es una constante.
La entidad argumenta que no puede compartir información sobre los casos de los periodistas porque esto podría alterar los procesos judiciales. Si bien esto es cierto, el papel que debe tener la Fiscalía es el de compartir información a otro nivel y dar luces que permitan saber si el riesgo de los comunicadores continúa vigente o no.
*Capítulo del informe de la FLIP sobre mecanismos de protección a periodistas. Consulte el informe completo en su página web www.flip.org.co desde el 9 de febrero, Día del periodista.
Tomado de: Semana.com
