CAUCA: CUANDO GANAR LAS ELECCIONES NO ALCANZÓ PARA TRANSFORMAR
Por: Guido Germán Hurtado Vera. Historiador y politólogo.
Este texto es un balance de cuatro años.
Está soportado en cifras oficiales del DANE, DNP, Contraloría y Congreso Visible.
No parte de percepciones. Parte de datos de lo ocurrido entre 2022 y 2026.
Entre 2022 y 2026 el Cauca concentró un respaldo político inédito.
Tuvo un presidente aliado, vicepresidencia caucana y la bancada más cercana al Gobierno Nacional de su historia.
7 de cada 10 caucanos votaron por ese proyecto. Fue el respaldo más alto del país.
Por eso la pregunta es obligada: ¿ese poder se tradujo en desarrollo?
La respuesta, a la luz de los datos, tiene dos partes.
Primero: sí llegaron recursos del orden nacional. Y fueron muchos.
Segundo: esos recursos no se convirtieron en las obras estructurales que el Cauca necesita para salir del estancamiento.
En síntesis: hubo legitimidad y faltó gerencia.
EL CHEQUE SÍ SE COBRÓ, PERO NO ALCANZÓ
Empecemos por lo que sí ocurrió. Sería inexacto afirmar que no llegaron recursos.
En salud, la Nación giró 2,1 billones de pesos para el aseguramiento subsidiado del cuatrienio.
Explicación: 2.100.000 millones. Fue el mayor giro nacional al departamento.
Sin embargo, ese dinero se destinó al aseguramiento, no a infraestructura hospitalaria ni a resolver la crisis de atención.
En educación, por su parte, se consolidó la gratuidad en la Universidad del Cauca y se ampliaron cupos del SENA.
Gracias a eso, jóvenes de Santander, Guapi y El Bordo pudieron ingresar sin pagar matrícula.
En infraestructura, además, se garantizó la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao.
Son 77 kilómetros, 2,06 billones de pesos y 5.500 empleos.
Explicación: 2.060.000 millones. Es la obra vial más grande entregada en el periodo.
Y en lo social, programas como Renta Ciudadana transfirieron recursos directos a los hogares.
Tanto así que el DANE reportó una reducción de la pobreza monetaria de 4,2 puntos entre 2023 y 2024.
Explicación: pasó de 58,1% a 53,9%. De cada 100 personas pobres, 4 salieron de esa condición.
Ahora bien, ¿qué significa todo esto?
Que hubo inversión para atender necesidades inmediatas.
Pero faltó inversión para crear activos productivos: hospitales, riego, vías terciarias.
Dicho de otra forma: se ganó en gasto social. Se perdió en desarrollo.
EL PODER QUE NO SE VOLVIÓ ESTADO
Aquí está el nudo del problema.
Porque tener influencia no es lo mismo que ejecutar.
Y los datos muestran que la influencia se usó, sobre todo, para nombrar burocracia y contratación política.
No para gestionar proyectos estructurales.
Veamos.
Según Congreso Visible, en 4 años la bancada caucana radicó 3 proyectos regionales.
Explicación: ninguno fue aprobado como ley. En 4 años: cero leyes para el Cauca.
Según el DNP, a diciembre de 2025 la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en Cauca fue de 38,4%.
Explicación: de cada 10 pesos programados, se ejecutaron 3,84. Solo 4 de cada 10 obras iniciaron.
Y según la Contraloría, 12 de 18 proyectos PDET presentan retrasos.
Explicación: 2 de cada 3 obras para zonas afectadas por la violencia están sin avanzar.
Por tanto, la conclusión es directa.
Tener acceso al Gobierno Nacional no equivale a tener capacidad de ejecución.
Hubo cercanía política y hubo baja gerencia territorial.
EL ABUSO DE LAS IDENTIDADES
A esto se suma un problema de fondo.
Como lo advirtió Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, en la revista Foro edición 109 de mayo de 2023:
«El afán por el reconocimiento fragmentó el presupuesto y las opciones de política pública. Esa dispersión terminó siendo perjudicial para todos».
Y el Cauca lo refleja.
Es un departamento con población mayoritariamente afro e indígena. Y por primera vez tuvo una vicepresidenta caucana.
No obstante, entre 2022 y 2026 los conflictos por tierra se intensificaron.
Por ejemplo: en julio de 2025, 11 personas resultaron heridas en la hacienda Pílamo por enfrentamientos entre comunidades afro e indígenas.
Así mismo, en diciembre de 2023, una resolución de la ANT sobre el resguardo de Pitayó reactivó la disputa con el pueblo misak.
De igual forma, gremios del departamento reportaron más de 100 predios afectados por ocupaciones.
Entonces, ¿qué nos deja esto?
Que el reconocimiento sin materialización divide.
Que priorizar la reivindicación sin traducirla en tierra, agua y empleo atomizó la inversión.
Se ganó el debate simbólico. Se perdió el debate material.
SEGURIDAD: DONDE NO LLEGÓ EL ESTADO
En paralelo, en 4 años se mantuvo baja ejecución territorial.
Mientras el PND en Cauca ejecutó 38,4% y 12 de 18 PDET están atrasados, persistió la presencia de actores armados en zonas rurales.
Los datos reportados son:
- Disidencias FARC-EMC: Presencia en Argelia, El Tambo y Patía. Financiación asociada a cultivos de coca.
- ELN: Presencia en norte: Santander, Corinto, Caloto. Financiación asociada a extorsión.
- Minería ilegal: Operaciones en Guapi, Timbiquí y Suárez. Financiación asociada a extracción de oro.
Frente a eso, las cifras de gestión son estas:
La Gobernación devolvió 49% del presupuesto.
Explicación: de cada 100 pesos, 49 no se ejecutaron.
La ejecución departamental fue de 51,3%.
Explicación: de cada 100 pesos, se gastó la mitad.
En restitución de tierras se entregaron 214 hectáreas.
Explicación: 1 de cada 100 familias de las 20.000 inscritas recibió predio.
Y la pobreza multidimensional subió de 42,1% en 2023 a 43,8% en 2025.
Explicación: 4 de cada 10 caucanos tienen carencias simultáneas en vivienda, agua y educación.
En consecuencia, el Cauca cerró 2022-2026 con recursos para gasto social, pero sin activos productivos ni presencia institucional en las zonas más afectadas.
LA PRUEBA EN TIERRAS: DE LA LUCHA A LA GERENCIA
El caso de la Unidad de Restitución de Tierras resume el problema.
En 2023 el Gobierno designó a un líder indígena caucano al frente. Había voluntad política.
Sin embargo, las cifras a diciembre de 2025 son: 8 sentencias y 214 hectáreas entregadas.
Con más de 20.000 familias en espera.
Explicación: por cada 2.500 familias, solo 1 recibió tierra.
Por eso la lección es clara: gobernar no es nombrar. Gobernar es ejecutar.
Se tuvo dirección política nacional y falló la gerencia territorial.
DOS GOBERNACIONES, UNA SOLA LÓGICA: LA POLITIQUERÍA
Y la dificultad de ejecución no fue solo nacional. También fue territorial. Y por las mismas razones.
La Gobernación 2020-2023 se caracterizó por una gestión profundamente politizada.
Explicación: se priorizaron contratos para sostener la base electoral, por encima de la ejecución técnica.
El resultado fue concreto: dejó obras inconclusas por problemas de corrupción y de gerencia.
No entregó proyectos estructurales y cerró con baja ejecución física.
La Gobernación 2024-2027, por su parte, no corrigió esa lógica.
Reportó 51,3% de ejecución a diciembre de 2025.
Explicación: de cada 100 pesos para escuelas y carreteras, 49 se devolvieron.
Es decir, se repitió el patrón: contratación para sostener apoyos políticos, no para transformar el territorio.
¿Cuál fue el resultado en la gente?
El DANE reportó que la pobreza multidimensional subió de 42,1% a 43,8%.
Explicación: 1,7 personas más de cada 100 entraron a tener varias carencias.
En competitividad, además, el Cauca ocupa el puesto 21 de 32.
Explicación: está entre los 12 departamentos con menor desempeño del país.
La síntesis es esta:
En Bogotá falló la gerencia de los proyectos grandes.
En Popayán falló la ejecución del día a día por politiquería.
Se devolvieron recursos mientras persistieron las carencias.
AGOSTO DE 2026: SE CIERRA UNA VENTANA
Con el 7 de agosto inició un Gobierno Nacional sin afinidad con la bancada caucana.
Se cerró, por tanto, el ciclo de «gobierno amigo».
Y aquí aparecen dos riesgos.
El primero es presupuestal.
El DNP proyectó 3,2 billones para Cauca entre 2026 y 2030.
Explicación: 3.200.000 millones para 800 km de vías terciarias, 40 centros de salud, crédito para 200.000 familias campesinas, 60.000 viviendas y agua para 100.000 familias.
El problema es que estos recursos dependen de su inclusión en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
El segundo es de ejecución.
En marzo de 2026 se adjudicó el corredor Estanquillo-Popayán por 8,8 billones.
Explicación: 8.800.000 millones. Es la mayor inversión vial en la historia del departamento.
Su avance, sin embargo, depende de la gerencia y el seguimiento desde el inicio.
Por eso la conclusión es directa:
O se blindan estos recursos y se vigila la obra, o se pierde una ventana de 10 años.
LA VERDAD INCÓMODA
Al final, hay que reconocer dos cosas.
Primero: el Cauca demostró capacidad de movilización electoral. Dio el respaldo más alto del país en 2022.
Segundo: hubo recursos para salud, gratuidad universitaria y una vía billonaria. Incluso bajó la pobreza monetaria. Eso es un hecho.
Pero también es un hecho que no se entregaron las obras que cambian la estructura productiva:
Ni un distrito de riego de gran escala, ni un parque industrial nuevo, ni un hospital de alta complejidad.
Por lo tanto, la conclusión es una sola.
Hubo coincidencia política y hubo recursos.
No hubo transformación productiva.
Se confundió acceso al poder con capacidad de ejecución.
HOJA DE RUTA: DE LA PRUEBA A LA REFUTACIÓN
Si sumamos todo, el diagnóstico es claro: sobró legitimidad y faltó gerencia.
Por eso se requiere un Pacto Territorial a 10 años con 5 acuerdos:
- Blindar recursos: Incluir 3,2 billones y 8,8 billones de la vía en el PND 2026-2030.
- Gerencia técnica: Oficinas de proyectos por encima de la lógica de contratos.
- Prioridad productiva: Riego, vías terciarias, parques industriales, hospitales.
- Agenda común: Articular la diversidad alrededor de metas materiales.
- Seguimiento semestral: Tablero público de avance de obras.
A partir de agosto de 2026 hay dos años clave.
Si gobierno, bancada, Gobernación y sector privado se articulan antes de octubre de 2027, este balance se puede refutar.
Para cerrar, como dijo Francisco Gutiérrez Sanín:
«En Colombia abundan los votos y escasean Estados capaces de ejecutarlos».
El Cauca 2022-2026 fue la prueba.
Ojalá 2026-2030 sea la refutación.
