Catatumbo y “Zonas de Reserva Campesina”.
El prolongado tira y afloje entre el Gobierno Nacional y dirigentes del Catatumbo que exigen del gobierno su reconocimiento como “Zonas de Reserva Campesina”, es un hito significativo en la lucha por el ‘poder local efectivo’, de comunidades afectadas desde siempre, por el abandono del Estado y la acción de la guerrilla y los narcotraficantes.
No han de faltar problemas en una rica región, donde desde el principio del siglo XX, cuando descubrieron petróleo entregado a los gringos por intermedio de la concesión Barco, iniciaron la colonización, a la par con la extinción de los indígenas motilones propiciada cuando llegaron miles de campesinos sin tierra, la mayoría desplazados de la violencia pos-asesinato de Gaitán.
Es la misma historia de las zonas de colonización, primero de las montañas andinas, después de todos los llanos orientales, la serranía de la Macarena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Caquetá y Putumayo y más recientemente de los Montes de María en la costa atlántica y de las selvas del pacífico, donde los colonos les abren trocha a los terratenientes legales e ilegales que con la complicidad de funcionarios sobornados del Incora, el Incoder, registradores de instrumentos públicos y notarios, además se han adueñado de millones de hectáreas de los llamados baldíos ‘propiedad’ de la Nación.
Coincidencial e históricamente en esas regiones el único ‘Estado’ han sido las guerrillas, a las que después los paramilitares, aupados por el Estado legal, les disputaron los territorios para asegurar los cultivos de coca y laboratorios para procesarla y desplazar y masacrar a los colonos y al estilo del intocable Víctor Carranza, establecer sus extensos ‘para-gobiernos’ con ejércitos propios, en territorios de ganadería, y en asocio con el gran capital industrial, de palma aceitera, caña de azúcar y otros proyectos que se avizoran.
En ese panorama campesinos influenciados o no por las Farc, tratan de asegurar sus territorios ante la voracidad de los tiburones legales e ilegales (paramilitares de buena familia), que desde el octaenio de Uribe, promueven un modelo de desarrollo agroindustrial que se propone despojarlos de sus tierras para convertirlos en jornaleros asalariados, tal como en las décadas de los 50, 60 y 70, lo hicieron en el norte del Cauca, con las comunidades negras, los propietarios de los grandes ingenios, que desde Santander de Quilichao hacía el norte, les compraron sus tierras para uniformar de caña de azúcar la variada biodiversidad del Valle del Cauca.
Las Zonas de Reserva Campesina son un mecanismo legal que existe desde hace años. Lo que pasa es que las comunidades no estaban organizadas para aprovecharlo y cuando lo hacen los gobiernos se asustan, pues en la práctica no habían considerado las implicaciones reales de las leyes que aprobaron nuestros congresistas, acostumbrados a que estas se hacen pero no se cumplen.
En la actualidad el modelo más desarrollado y parecido a las “Zonas de Reserva Campesinas” es el de los Resguardos Indígenas, que desde hace 40 años iniciaron en el Cauca las comunidades agrupadas en el CRIC, luchando primero por la recuperación de sus antiguos territorios, la lengua y cultura y posteriormente por el manejo autónomo de sus programas y recursos públicos en salud, etnoeducación, producción agropecuaria y hasta la justicia, entrando en conflicto con el Estado a todos los niveles (entidades nacionales, departamentales y municipales) pues a los entes territoriales y a los gobernantes se les quita el manejo de una importante parte de la torta del presupuesto y la burocracia. Ahí está el ‘quid de la cuestión’ y la trascendencia nacional del movimiento campesino del Catatumbo, que coincidencialmente acogen una de las propuestas abanderadas por las Farc en La Habana. El gobierno ofrece un pírrico bombón de $80.000 millones en obras para la región, pero no ha entendido o se hace el loco, del significado que en las luchas por la conquista del poder local y real tiene la lucha de los campesinos del Catatumbo, que ya va para un mes de bloqueo a las vías que afecta a todas las poblaciones de la región, tal como sucedió en el Cauca hace más de 10 años, cuando los indígenas bloquearon la panamericana.
El ascenso de la lucha social organizada es una realidad que no puede ignorar el gobierno. En diversas regiones del país, pronto estallarán otros movimientos promoviendo la implantación de las Zonas de Reserva Campesina, sin olvidar que se cocina otro paro de caficultores y algunos sectores sociales también amenazan con movilizarse.
Es la versión colombiana de las implicaciones del costo de alcanzar la paz y una democracia real en medio de negociaciones para lograr la desmovilización de las Farc y también hace parte la lucha mundial de ‘los Indignados’, contra las ‘democracias’ que siguen los designios del gran capital y las cúpulas de políticos corruptos a su servicio, así estén gobernadas por gobiernos de ‘izquierda’, como en el Brasil.
