En Caquetá, también fueron detenidos el esposo de la mandataria y dos secretarios de la administración municipal.
En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía fueron capturados la alcaldesa de Florencia, Caquetá, María Susana Portela, su esposo Diego Luis Rojas Navarrete, dos secretarios de la administración municipal y 11 concejales, por un supuesto caso de corrupción.
La investigación adelantada apunta a que desde la Alcaldía de Florencia se habrían ofrecido dádivas a los cabildantes para que ampliaran el cupo de endeudamiento por encima de los parámetros establecidos y la capacidad fiscal.
Según las autoridades, en el resto del día se efectuarán más capturas por estos actos de corrupción en la administración local.
Mediante labores investigativas se estableció que presuntamente estas personas pactaron la compra de los concejales con el fin de que aprobaran un acuerdo municipal que permitía el endeudamiento a Florencia, por un monto superior al que financiera y legalmente tenía capacidad.
Al parecer la alcaldesa y varios de sus secretarios habrían acordado con los concejales, por la venta de su función, una suma total de 800 millones de pesos, cuyo pago determinaron en tres cuotas; las dos primeras del 25 por ciento y la última del 50 por ciento.
El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, explicó cómo se llevaron a cabo dichos pagos, “un 25 por ciento antes de la radicación del proyecto de acuerdo. Es decir 200 millones de pesos, los cuales fueron pagados y entregados a los jefes de bancadas; otro 25 por ciento con la aprobación del acuerdo por parte del Concejo, osea 200 millones más que también fueron pagados, y finalmente, el otro 50 por ciento restante que se entregaría cuando se realizara el desembolso del empréstito*”.
Por otra parte, la Fiscalía estableció que en desarrollo del pacto criminal se instruyó y determinó a la Secretaria de Hacienda Municipal mara que de manera irregular certificara que el municipio tenía una capacidad de endeudamiento que superaba casi al doble, la capacidad que realmente tenía.
El acuerdo que finalmente quedó aprobado y numerado 2014-023, el 28 de noviembre de 2014, fue demandado por vía administrativa, para lo cual servidores públicos del municipio y el particular (esposo de la alcaldesa), también habría pactado la compra de algunos funcionarios judiciales y de la Contraloría Departamental que tenían a su cargo el estudio y decisión de la legalidad del acuerdo, así como conceptuar en el trámite del empréstito.
Por estas irregularidades, la Fiscalía imputará cargos a los capturados por los delitos de cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.
