Avales electorales y negocios
En las pasadas elecciones el intercambio de dinero y favores por votos creció exponencialmente en la mayoría de municipios colombianos, a pesar de que el Gobierno Nacional anuló la inscripción de más de un millón de cédulas de electores transhumantes y en algunas ciudades como Cali, Medellín y Bucaramanga, contra todos los pronósticos y encuestas, fueron derrotadas las maquinarias clientelistas financiadas por contratistas y ‘empresarios’ de negocios turbios.
Una ganancia brindada por la Constitución del 91, al facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales, que desde el siglo XIX y durante el Frente Nacional monopolizaron el Estado colombiano, se degeneró al aparecer numerosas organizaciones, la mayoría derivada de los partidos Liberal y Conservador, privilegiando coaliciones para repartirse burocracia y contratos de la administración pública, como sucedió en los gobiernos nacional, departamentales y municipales. En este escenario los partidos se convirtieron en prósperos negocios clientelistas, sin mayores diferencias ideológicas, éticas y prácticas, y más interesados en amasar capitales electorales y financieros, respaldando candidatos de dudosa procedencia y antecedentes judiciales, con el propósito de aumentar el caudal electoral y económico al otorgar avales, como si fueran franquicias, a quienes con chequera en mano o billete en rama, aspiraran a disputar cargos de elección popular.
Franquicias como las de locales especializados en ventas de hamburguesas, por ejemplo, le dan pautas del diseño de la sucursal y capacitan al comerciante que las adquiera en procesos como calidad de insumos para procesarlos, según la fórmula exclusiva de la marca acreditada, para que el producto sea auténtico y los empleados cumplan normas uniformes de atención a los clientes. En el caso de franquicias electorales, por una suma ‘de acuerdo al marrano’, este recibe derecho a usar la marca del partido que la otorga, pero la manera de preparar el producto (los votos) ya depende de la fórmula secreta del comprador de los derechos y aquí, como en la creativa “gastronomía de innovación”, en la cocina valen toda clase de ingredientes, sin que el comensal se entere de la clase de carne que se va a comer y en la receta entran ingredientes, como el trasteo y compra de votos, aceptación de dineros de la delincuencia a todos los niveles, soborno de funcionarios de las registradurías seccionales y municipales, etc., etc.
En este bazar de conciencias se han involucrado no sólo los partidos liberal y conservador. También sus hijos reconocidos como los partidos de la “U” acogiendo, por ejemplo, a la cuestionada Lilian Francisco Toro, candidata triunfante para la Gobernación del Valle y Cambio Radical aliándose con los testaferros de Kiko Barrios en la Guajira, y avalando a otros ‘políticos’ de pasado delincuencial para ganar peso electoral en la costa atlántica y a nivel nacional buscando favorecer la candidatura presidencial del vice Germán Vargas Lleras, y lo mismo sucedió con otros partidos reconocidos como hijos vergonzantes, aliados del gobierno, entre ellos el antiguo Pin y ahora Opción Ciudadana del derrotado en Sucre, Yair Acuña.
Pero el negocio es tan próspero que no fue ignorado por partidos ligados a luchas indígenas, quienes en las pasadas elecciones otorgaron franquicias a lo largo y ancho del país, para quienes aspiraran a disputar gobernaciones, alcaldías y curules para concejos municipales y asambleas departamentales y así encontramos candidatos bajo las banderas de la Alianza Social Independiente (antigua Indígena), ASI; las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, y el recién fundado en el Cauca, Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, otorgando avales a toda suerte de candidatos, desde el Amazonas hasta la Guajira y de oriente a occidente.
Estos movimientos nuevos más los partidos tradicionales que entraron al negocio de la feria de franquicias electorales se han beneficiado de leyes que limitan el umbral logrado en anteriores elecciones por los partidos emergentes, mientras otras organizaciones, como la Unión Patriótica, con solidez ideológica y trayectoria de luchas perseguidas por los paramilitares y la ultraderecha, se quedaron por fuera y sin personería jurídica para moverse en el teatro de comedia de la politiquería colombiana.
Son monstruos generados en una ‘democracia’ en construcción, tejida con remiendos, que a falta de Reforma Política y Electoral seria, permite la convivencia de listas únicas y preferentes, favoreciendo estas y el predominio del poder del dinero para que ganen los contratistas ‘invirtiendo’ billete efectivo en candidatos que les multiplicarán sus aportes con jugosas ‘licitaciones’ a dedo. En esta feria de compra y venta de avales se cuelan financiando campañas, las bandas criminales para capturar los presupuestos de obras públicas, salud, educación y hasta la alimentación de escolares y adultos mayores.
La no aprobación de una Reforma Política y Electoral seria, que regule el correcto funcionamiento de los partidos e implante el voto electrónico, permite que en numerosos municipios del país se presenten asonadas contra registradurías y alcaldías por ciudadanos indignados ante irregularidades en el escrutinio de las votaciones.
En la práctica, los únicos partidos que obran como tales son el Centro Democrático agrupando a la ultraderecha que adoptó listas cerradas para corporaciones públicas y fue derrotado el 25 de octubre y el Polo Democrático, también garroteado, pero con esperanzas de resurgir integrando un frente con partidos como Alianza Verde, Progresistas, Marcha Patriótica, U.P., movimientos indígenas, etc., que al desmovilizarse las Farc y prosperar negociaciones de paz con el ELN, aspiran a despejar los temores de millones de ciudadanos que han asociado a la izquierda democrática y a movimientos populares, con la guerrilla y al presentar sus candidatos en elecciones obtener mejores resultados como sucedió en Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia y otros países.
