ASOFONDOS, Paloma y Abelardo: cadena perpetua para ahorros de trabajadores
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El operativo de la derecha para frenar el traslado de los ahorros pensionales a Colpensiones no fue improvisado ni fortuito. Por el contrario, fue una maniobra jurídica y política perfectamente orquestada, en la que se aprovecharon los vacíos legales heredados del reciente bloqueo judicial a la reforma pensional para impulsar una demanda ciudadana, pedir la suspensión del decreto del Gobierno y lograr que un magistrado del Consejo de Estado paralizara el derecho de miles de trabajadores a disponer de sus propios ahorros.
Quienes tanto pregonan la “libertad de elegir” en el mercado resultaron ser los primeros en impedir que esa libertad se ejerza cuando la elección deja de favorecer sus cuentas bancarias. El resultado: un blindaje judicial para encarcelar 25 billones de pesos de los trabajadores en el poderoso sector bancario de Colombia.
Para poner en contexto al amable lector o lectora, vale hacer un corto resumen. En abril de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 415, una norma que ordenaba el traslado expedito desde los fondos privados, AFP, hacia Colpensiones, de los ahorros de cerca de 150.000 trabajadores que ya habían decidido cambiarse voluntariamente de régimen. Era un trámite lógico: igual a cuando un ciudadano decide trasladar sus ahorros de un banco a otro, su dinero debe acompañar su decisión.
Sin embargo, el 11 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar como ponente, suspendió provisionalmente el decreto al considerar, según su argumentación, que el Gobierno se habría extralimitado en sus facultades reglamentarias.
Detrás de esa decisión estaba una demanda promovida por Asofondos, la asociación que agrupa a los fondos privados de pensiones y brazo financiero de los grandes conglomerados económicos del país. A esta se sumaron, de manera casi automática, el candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella y un desconocido litigante, de los que suelen aparecer, como por arte de magia, al servicio desinteresado de las élites.
El argumento principal de estos demandantes al servicio de los banqueros es que los recursos debían ir a un fondo de ahorro que aún no existe, administrado por el Banco de la República, y no directamente a Colpensiones. Una decisión que, de facto, inmoviliza los ahorros en las cuentas de los bancos privados hasta que la ley entre nuevamente en vigor.
Esta treta jurídico-electoral revela el doble discurso de la derecha colombiana, que durante décadas ha insistido en que el sistema de capitalización individual en fondos privados es el gran ejemplo de la “libertad de elección”. Sin embargo, cuando el trabajador colombiano ejerce esa misma libertad por decisión propia y, mayoritariamente, por desconfianza en la gestión privada, y decide trasladarse a Colpensiones, el discurso de la libertad se convierte en un alegato contra el traslado de su propio dinero.
No es coincidencia que esta demanda de De la Espriella, Asofondos y otros tenga el mismo patrón observado en la demanda que la candidata de derecha Paloma Valencia interpuso contra la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional, y que hoy mantiene la norma en un limbo jurídico, permitiendo que de toda la ley solo sobreviva el artículo que autoriza precisamente ese traslado voluntario.
La derecha perdió en el Congreso, pero ha intentado ganar en los tribunales y en la opinión pública. Mientras la candidata Valencia frena la ley, el candidato De la Espriella y Asofondos frenan el decreto de traslado que ejecuta su único artículo vigente. Estas acciones no son una casualidad; hacen parte de una estrategia de bloqueo coordinado para mantener el monopolio financiero de los ahorros de los trabajadores.
La decisión del Consejo de Estado, además de jurídicamente discutible por una hermenéutica exegética que se apega más a interpretaciones de la Constitución de 1886 que a los principios progresistas de defensa de los intereses del pueblo de la Carta de 1991, ocurre en un contexto electoral donde la confianza en el sistema financiero privado está en su punto más bajo. El hecho político, pero, sobre todo, económico, es que esta suspensión beneficia directamente a los fondos privados.
En esencia, la derecha ha construido una ficción jurídica para proteger a los bancos y mantener cautivos los ahorros. Lo que debió ser un trámite sencillo, el traslado de un ahorro a solicitud de su dueño, se ha convertido en un ring de boxeo electoral. Mientras la campaña avanza, los fondos privados, Asofondos y sus candidatos intentan convencer a la ciudadanía de que el Gobierno es incompetente y que el Estado no puede garantizar las pensiones.
La realidad es la opuesta: son los banqueros quienes no quieren soltar la plata. Y lo disfrazan de defensa de los derechos de los trabajadores. Una ironía que, si no fuera por lo mucho que está en juego, hasta daría risa.
Esa es la derecha: cadena perpetua para los ahorros de los trabajadores, ganancias para los fondos privados y precariedad para los pensionados.
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