Contrato de $20.184 millones, anticipo cercano al 50% y denuncias laborales rodean el convenio interadministrativo con el Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali.
Por: Unidad investigativa de Proclama del Pacífico
En el complejo entramado de la contratación pública en el sur del Cauca ha surgido un patrón inquietante con la utilización de figuras ancestrales no para la pervivencia cultural, sino como vehículos de ingeniería civil blindados contra la licitación pública. En el ojo de este huracán administrativo se encuentra una entidad que, amparada en su fuero especial, ha logrado adjudicarse millonarios recursos desde el Valle del Cauca hasta el sur del Cauca. Se trata del Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali, una organización que hoy tiene en vilo a las comunidades de Mercaderes, donde la promesa de progreso vial amenaza con convertirse en el próximo gran «elefante blanco» de la región.
Esta investigación de Proclama del Pacífico devela cómo una entidad foránea, con un historial plagado de incumplimientos y sanciones, llegó a Mercaderes, sur del Cauca, para ejecutar más de $20 mil millones, bajo la mirada complaciente de la administración municipal y en medio de una grave crisis laboral.
I. La máscara jurídica, ancestralidad convertida en empresa
Para comprender el modus operandi, es necesario desnudar la naturaleza del contratista. Identificado con el NIT 900.007.408-8, el Cabildo Indígena Kofán de Santiago de Cali opera jurídicamente como una Entidad de Derecho Público de Carácter Especial. Esta figura es la llave maestra de su modelo de negocio que les permite suscribir convenios interadministrativos, una herramienta legal que faculta a los alcaldes para contratarlos de manera directa («a dedo»), evadiendo la Ley 80 y los procesos de licitación pública donde tendrían que competir con firmas de ingeniería convencionales.
Aunque el pueblo Kofán tiene sus raíces ancestrales en el departamento del Putumayo, esta entidad es un cabildo urbano asentado administrativamente en Cali, con sedes reportadas en barrios como Bretaña y San Bosco, y una oficina de enlace en Jamundí. Su representante legal, el gobernador José Iner Arboleda Gómez, figura como la firma detrás de contratos de infraestructura vial, acueductos y saneamiento básico que poco o nada tienen que ver con los saberes tradicionales de su pueblo.
II. El rastro de los incumplimientos
La llegada de Kofán a Mercaderes es otro capítulo de una saga de ejecuciones cuestionadas en el Valle y el Cauca. Los documentos y alertas de control político reconstruyen un historial alarmante:
- Jamundí y el laberinto sancionatorio (2019-2023)
Documentos oficiales revelan que la Alcaldía de Jamundí se vio forzada a abrir un proceso administrativo sancionatorio contra esta entidad. La Resolución No. 34-49-004 del 9 de junio de 2023 detalla el litigio por el presunto incumplimiento del contrato de obra No. 34-14-02-080 de 2019, destinado a la pavimentación de vías urbanas. La obra presentó retrasos y problemas de calidad, atrapando al municipio en una disputa legal dilatada por recursos de nulidad interpuestos por la aseguradora.
- Florida, con pavimento de papel
El representante a la Cámara por el Valle, Duvalier Sánchez, ha denunciado públicamente el estado de las obras en este municipio PDET. Según el congresista, la vía en los sectores El Pedregal y La Diana, que debió entregarse en 2022, presenta hoy fisuras y daños estructurales prematuros. «Yo sé lo que ustedes hicieron con la vía que medio entregaron allá en Florida», sentenció Sánchez, advirtiendo sobre la baja calidad técnica de los trabajos ejecutados por este Cabildo.
- Dagua y Puerto Tejada con alertas fiscales
La Contraloría del Valle emitió informes sobre «presuntas irregularidades» en la suscripción de 13 contratos en Dagua durante 2021, señalando un posible detrimento patrimonial cercano a los $600 millones por estampillas no descontadas. Paralelamente, en Puerto Tejada (Cauca), un contrato de $1.783 millones para estudios y diseños generó control político por dudas sobre la idoneidad técnica de la organización para ejecutar ingeniería compleja.
- Buenaventura
¡Alerta! 🚨 Un rector recién nombrado entrega a dedo $13.600 millones a un terrible contratista en la Universidad del Pacífico. ¿Qué podría salir mal?#DuroContraLosCorruptos💪🏻 pic.twitter.com/NJ5YLT3GfI
— Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) December 15, 2025
El 23 de septiembre de 2024, se firmó el Contrato Interadministrativo CD-CIA-168-2024 entre el municipio y el Resguardo Indígena Kofán.
Objeto: Mejoramiento de la vía terciaria en la zona rural (8 km hacia el sector El Limón – Arboleda).
Valor: $20.184.527.093 (Más de 20 mil millones de pesos).
Anticipo: Se desembolsó un anticipo cercano al 50%, superando los $10.000 millones, sin que a la fecha se evidencien avances físicos acordes a dicha inversión.
La falacia del «fortalecimiento» y la crisis humanitaria
En una tensa audiencia pública realizada a finales de diciembre de 2025 por comunidades de Mercaderes, la comunidad destapó la realidad de la obra. Líderes sociales denunciaron que la contratación directa se justificó bajo la excusa legal del «fortalecimiento de la organización indígena». Sin embargo, como clamaron los voceros en la asamblea: «Kofán es del Valle… no tiene ninguna relación social, política, comunitaria con el municipio de Mercaderes». Los recursos del Cauca terminaron fortaleciendo las finanzas de una entidad externa sin arraigo territorial.
Pero lo más grave es la violación sistemática de derechos humanos y laborales. Trabajadores de la zona denunciaron, micrófono en mano, que el contratista no paga seguridad social (salud, pensión, ARL), dejándolos desprotegidos ante accidentes laborales de alto riesgo. La respuesta ante el reclamo fue la persecución: aquellos que se atrevieron a realizar una huelga exigiendo sus pagos fueron despedidos masivamente de la obra.
IV. La respuesta del alcalde: «publican y después investigan»
Proclama del Pacífico contactó directamente al alcalde Edilson Gómez Balanta para indagar sobre estas irregularidades y sobre un patrón de gasto que inquieta a la ciudadanía, incluyendo un contrato exprés de $500 millones adjudicado en menos de 24 horas para los carnavales de Blancos y Negros y una feria de reciclaje de más de $300 millones, cifras desproporcionadas frente a municipios vecinos que no superan los $200 millones para realizar sus festividades de inicio de año.
Ahora bien, volviendo al Contrato Interadministrativo CD-CIA-168-2024 lejos de ofrecer claridad técnica sobre el contrato con Kofán o la situación de los trabajadores, la respuesta del mandatario fue un ataque directo a la labor periodística:
«¿Ustedes investigan antes de publicar una información o publican y después investigan?» — Edilson Gómez Balanta, alcalde de Mercaderes.
Esta postura defensiva coincide con los testimonios recogidos en la audiencia pública, donde líderes campesinos aseguraron que el alcalde actúa «como defensor del contratista» y no como garante de los recursos públicos. Testigos afirman que, ante los reclamos por falta de pago, el mandatario confrontó a la comunidad preguntando: «¿Cuánto es que les deben para pagarles?», normalizando el incumplimiento de una empresa que recibió miles de millones en anticipo.
Un llamado a los entes de control
El alcalde tiene razón en un punto: la normativa permite la contratación directa con cabildos. Pero la ley no faculta la entrega de recursos públicos a empresas con historiales de siniestros contractuales, ni la violación de derechos laborales, ni la desprotección de la mano de obra local. La «legalidad» del papel no puede servir de escudo para la ineficiencia en el terreno.
Mercaderes se pregunta hoy: ¿Dónde están los $20.000 millones? ¿Por qué se defiende a un contratista foráneo que deja obras fisuradas en el Valle y litigios en Jamundí? La Procuraduría, Fiscalía y la Contraloría tienen ahora la palabra para evitar que la vía Sombrerillos-Arboleda se convierta en otro monumento a la corrupción en el Cauca.
Proclama del Pacífico, fiel a su compromiso con el equilibrio informativo y la búsqueda de la verdad, remitió formalmente un cuestionario al despacho del alcalde de Mercaderes, Edilson Gómez Balanta, con el fin de obtener respuestas técnicas y detalladas frente a los cuestionamientos que rodean la contratación con el Cabildo Indígena Kofán y la ejecución de los recursos del OCAD Paz.
Hasta el cierre de esta edición, más allá de los cuestionamientos a nuestra labor periodística, no hemos recibido una respuesta de fondo que aclare las dudas administrativas y financieras aquí expuestas. No obstante, reiteramos que nuestros medios de comunicación permanecen abiertos para escuchar su versión. La comunidad de Mercaderes y del sur del Cauca no espera silencios ni evasivas, sino claridad absoluta sobre el destino de sus recursos y, fundamentalmente, la confirmación de una fecha puntual y garantizada para la entrega final de la obra que hoy se debate entre la esperanza y la incertidumbre.
En contexto:
* POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE NULIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO POR EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 34-14-02-080 DEL 20 DE MARZO DE 2019, EL CUAL TENÍA POR OBJETО «REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ https://www.jamundi.gov.co/Ciudadanos/Notificaciones_Terceros/Notificaci%C3%B3n%20Por%20Aviso%20Resoluci%C3%B3n%2034-49-004%20del%202023.pdf
* https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?idFile=16253
* Concejales portejadeños exigen claridad al alcalde local, sobre un convenio suscrito con un cabildo indígena https://proclamadelpacifico.com/concejales-exigen-claridad-en-convenio-con-cabildo-indigena/
