Aquí no se compran silencios, se publican verdades.
- Las investigaciones que explican por qué quieren callar a Proclama del Pacífico
- El periodismo no se negocia en un plan de medios
- Cuando atacan al periodismo, protegen al poder
- Para Proclama del Pacífico la verdadera rentabilidad reside en la decencia, el respeto y la transparencia; jamás en el dividendo inmediato de la corrupción.
Circula en redes y en ciertos espacios de opinión una narrativa curiosamente bien orquestada: que Proclama del Pacífico cambió de tono porque le cerraron el grifo de la pauta oficial. Que nuestras investigaciones no nacen de la evidencia sino del despecho. Que donde hoy hay denuncia, antes hubo complacencia. Se lo dice un columnista que ampara sus afirmaciones en perfiles anónimos de Facebook y en cifras descontextualizadas, pero que omite con destreza quirúrgica los hechos que desarman su propia tesis.
Vale la pena, entonces, poner las cosas en su sitio. Y vale la pena, sobre todo, que Popayán y el Cauca conozcan sobre qué estamos investigando y por qué hay quienes necesitan, con tanta urgencia, desacreditarnos.
Los contratos que nadie nos regaló y la gratitud que nadie nos debe
Cada peso que Proclama del Pacífico ha recibido de la administración municipal de Popayán ingresó por la puerta grande de la contratación pública. No por debajo de ella. Los procesos reposan en el SECOP II, la plataforma de Colombia Compra Eficiente, donde cualquier ciudadano con conexión a internet puede consultar pliegos, propuestas, evaluaciones, puntajes y actas de adjudicación. Lo que allí se encuentra no es un secreto ni un favor: es una licitación abierta, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, con pluralidad de oferentes, selección objetiva y vigilancia de los órganos de control.
Cuando en 2024 nos hicimos acreedores a la licitación, varios funcionarios de la administración y otros guardianes del centralismo a ultranza pegaron el grito en el cielo. No esperaban que una empresa de la provincia caucana, compitiendo frente a otros oferentes en franca lid, resultara adjudicataria del proceso. Sin embargo, así fue, porque cumplimos con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros que la ley exige. Nadie nos hizo el favor. Nadie nos llamó para avisarnos. Nadie nos allanó el camino. Lo mismo ocurrió en 2025: competimos en franca lid, a través del SECOP II, en uno de los pocos procesos de contratación verdaderamente transparentes que ha tenido esta administración, cuya gran mayoría de contratación ha sido ejecutada a dedo, a través de entidades sin ánimo de lucro, o haciendo maniobras para evadir los mecanismos rigurosos de la contratación pública.
La cifra de mil millones de pesos que se lanza como si fuera un cheque personal corresponde a un proyecto integral de comunicación pública, ejecutado en su totalidad y del cual se pagaron estampillas, retenciones en la fuente, impuestos ante la DIAN y todas las obligaciones fiscales que la ley colombiana exige, además de las obligaciones adquiridas con decenas de periodistas. Ni un peso por debajo de la mesa. Ni un centavo sin soporte.
Y aquí viene lo que más incomoda al columnista y a quienes lo instrumentalizan. Después de que este medio publicó la primera parte de su investigación especial sobre la tragedia del Monster Truck — con video documental incluido —, el propio alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo nos escribió directamente para decirnos que debíamos ser “agradecidos”. Agradecidos, como lo pretende exigir el columnista. Como si una licitación pública adjudicada en competencia abierta fuera una dádiva personal del mandatario. Como si el SECOP II fuera su chequera privada. Como si publicar la verdad sobre tres muertos y decenas de heridos fuera un acto de ingratitud y no un deber constitucional.
Nuestra respuesta fue inmediata y contundente, no tenemos absolutamente nada que agradecer, porque lo que hemos conquistado ha sido en franca lid. Los contratos no son regalos del alcalde: son adjudicaciones del Estado colombiano bajo las reglas de la contratación pública. Y si el mandatario cree que adjudicar un contrato por la vía legal le otorga el derecho de silenciar al adjudicatario, entonces su concepción de la función pública, como la del columnista que nos cita, tiene un problema que trasciende a este medio de comunicación.
Creemos, además, que ese mensaje del alcalde revela la matriz de todo lo que ha venido después, las dos columnas de opinión, los perfiles anónimos en redes sociales y los pasquines que circulan con la misma retórica de la «gratitud debida». Es la misma lógica, quien no agradece, quien no se arrodilla, quien no calla, debe ser castigado públicamente. Pues que quede claro desde esta tribuna: en Proclama del Pacífico nadie se arrodilla.
La independencia no se declara, se demuestra
Quien nos acusa de retaliación editorial parte de una premisa que lo retrata: cree que todo periodista tiene un precio y que toda cobertura responde a un contrato. Para él, si un medio investiga a quien alguna vez le pautó, es venganza. Y si no investiga, es complicidad. En esa lógica circular, el periodismo siempre pierde. Nosotros no funcionamos así.
Con el señor alcalde de Popayán hemos cruzado palabra en pocas ocasiones a lo sumo, una de ellas por el mensaje ya mencionado. No conocemos su carácter ni su forma de gobernar por trato directo, sino por lo que arrojan los documentos, los testimonios y los actos administrativos que llegan a nuestra sala de redacción. Lo que nos dicen quienes sí lo tratan es que se trata de un mandatario que toma decisiones sin escuchar a sus propios asesores y que muchas de las dificultades que hoy enfrenta su gobierno son consecuencia de esa forma de administrar. Eso no lo decimos nosotros por resentimiento, lo dicen los hechos y lo dicen los expedientes.
Por qué ahora y no antes: la pregunta que se responde sola
El columnista que pretende amonestarnos pregunta, con tono de denuncia, por qué Proclama del Pacífico publica estas investigaciones en 2026 y no lo hizo en 2024-2025. La respuesta es tan obvia que sorprende tener que darla: porque los resultados de una gestión pública no se miden en los primeros meses de gobierno. Es entre el segundo y el tercer año cuando los contratos adjudicados muestran su ejecución real, cuando las obras prometidas se contrastan con el terreno, cuando las comunidades empiezan a sentir las consecuencias de las decisiones tomadas a puerta cerrada y cuando los organismos de control empiezan a entregar resultados.
A mediados de 2025 comenzaron a llegar a nuestra redacción los primeros documentos. A finales de ese año, la información se multiplicó. En 2026, se convirtió en un torrente que ningún medio responsable podría ignorar. No fabricamos las irregularidades. Las documentamos conforme aparecen en el calendario real de la administración pública, no en el calendario que le conviene al columnista suspicaz.
Pretender que un medio de comunicación debe publicar denuncias antes de que ocurran los hechos, o callar cuando los hechos ya son evidentes, es una trampa retórica. Y pretender que estas investigaciones son un mecanismo de retaliación por una pauta que ni siquiera existe en 2026 es, sencillamente, querer desviar la atención de lo que realmente ocurre en la capital del Cauca. Eso sí es irresponsable.
Lo que rechazamos y por qué
Hay un dato que el columnista resentido no conoce o que prefiere enterrar. En 2026 no ha existido plan de medios ni licitación pública de comunicaciones en la Alcaldía de Popayán. No se nos quitó nada porque no ha habido nada que adjudicar. Nadie pierde lo que no existe.
Pero hay más. Este medio tomó distancia voluntaria cuando un funcionario nos insinuó que un eventual proyecto de comunicaciones para este año podría venir condicionado a presuntas comisiones destinadas a personas que aspirarían políticamente o abandonarían sus cargos. Se nos planteó, sin mucho disimulo, una especie de contribución como requisito para acceder al contrato. Incluso se nos advirtió que, si no aceptábamos, buscarían a otro medio dispuesto a jugar bajo esas reglas.
Nuestra respuesta fue categórica: NO. Porque eso no es contratación pública, es una presión indebida que riñe con la ley colombiana y con nuestra formación ética. Y porque este medio no nació para ser caja menor ilegítima de aspiraciones políticas ajenas.
Después de esa negativa, no vinieron argumentos, vinieron emisarios. Varios intermediarios se acercaron en distintos momentos con la misma propuesta y las mismas condiciones. La respuesta fue siempre la misma. Y cuando quedó claro que no cederíamos, comenzaron los ataques a través de perfiles falsos en redes sociales y columnas de opinión. No sabemos si estos emisarios actuaban por instrucción directa del alcalde o por cuenta propia, pero la coincidencia entre nuestro rechazo y el inicio de la campaña de desprestigio es un hecho que cada lector puede evaluar.
Lo que estamos investigando
PARA QUE POPAYÁN SEPA POR QUÉ NOS QUIEREN CALLAR
Si alguien se pregunta por qué ciertos sectores necesitan desacreditar a Proclama del Pacífico precisamente ahora, basta con repasar las líneas de investigación que esta casa editorial viene desarrollando con rigor documental, derechos de petición radicados y fuentes verificables. Las exponemos públicamente, bajo la presunción de inocencia, para que sean las audiencias, los líderes de opinión y los órganos de control quienes evalúen si nuestro trabajo responde a un capricho editorial o a la obligación constitucional de informar.
Tragedia del Monster Truck: tres muertos y decenas de heridos que exigen justicia
El 3 de mayo de 2026, un evento de monster truck en Popayán dejó tres personas muertas y hasta cincuenta y un heridos, algunos de los cuales no volverán a caminar. La investigación periodística ha documentado que el permiso presentaba alteraciones manuscritas en la fecha, que el escenario había sido declarado «no habilitado» por la propia Alcaldía, que el aforo fue triplicado y que se vendieron boletas VIP sin autorización. Se ha radicado denuncia penal por prevaricato contra el alcalde, el secretario de Gobierno y el jefe de Gestión del Riesgo. Familiares de las víctimas, asesorados jurídicamente, anticipan demandas cuya cuantía superaría varias veces la deuda histórica del municipio. Proclama del Pacífico ha publicado especial en video y artículo investigativo y ha radicado cuatro derechos de petición. La segunda parte de este especial, con testimonios de las víctimas y el avance de las investigaciones penales, será publicada próximamente. Según fuentes cercanas a la Fiscalía, en los próximos días podrían darse decisiones judiciales de enorme trascendencia frente a este caso. Las familias enlutadas de Popayán merecen respuestas, no cortinas de humo sobre la pauta de un medio de comunicación.
Trabajadores muertos en obra del acueducto
Dos personas fueron sepultadas en una zanja durante la ejecución del contrato 393 de 2025 del Consorcio Acueducto 2025, sin claridad pública sobre el cumplimiento de protocolos de seguridad industrial ni sobre la afiliación de las víctimas al sistema de seguridad social. Se radicó derecho de petición ante el gerente de AAPSA.
El patrón Figueroa: novecientos cincuenta y tres millones en cuatro secretarías
Víctor Javier Figueroa Méndez, la misma persona natural dueña de la empresa de seguridad contratada para el evento del monster truck, aparece como el único contratista persona natural del municipio con contratos en tres o más secretarías distintas. En los cuatro contratos, quien autoriza el gasto es el mismo funcionario: Edwin Heiver Muñoz Vásquez. Dos de esos contratos fueron firmados con apenas seis días de diferencia, justo por debajo del umbral que exigiría un proceso de selección más riguroso. En contratación pública, las coincidencias de esta magnitud tienen nombre técnico: indicios de fraccionamiento y direccionamiento.
Auditoría general de contratación 2026: noventa y dos mil millones en seis meses
De ese monto, cincuenta y dos mil millones corresponden a órdenes de prestación de servicios con personas naturales, distribuidas en dos mil trescientos veinte contratos para dos mil ciento cuarenta personas. Es de ese universo del que emerge el patrón de contratación que documentamos.
Convenio con el acueducto: seis mil cuatrocientos noventa y nueve millones bajo la línea
Un convenio interadministrativo fijado en cuatro mil novecientos noventa y nueve punto ocho salarios mínimos, apenas una fracción por debajo del umbral de cinco mil que obligaría a solicitar autorización del Concejo Municipal. La resolución que lo sustenta cita un valor distinto al del convenio efectivamente firmado.
Movilidad Futura y el estadio Ciro López: seis mil ciento cincuenta millones sin experiencia ni control
El alcalde, como socio único de esta empresa pública, habría reformado sus propios estatutos para eliminar la supervisión de junta directiva y habilitar contratación directa. La empresa no registra experiencia previa en diseños de infraestructura deportiva. La propuesta ganadora resultó quinientos millones más costosa que otras opciones disponibles. La Fiscalía avanza en la verificación de estos hechos.
Avenida de los Próceres: cuarenta y un mil millones con catorce por ciento de ejecución
Un contrato de cuarenta y un mil novecientos diez millones de pesos que en veintiún meses apenas alcanza el catorce por ciento de ejecución. La denuncia más grave del expediente señala un presunto cohecho del alcalde por autorizar la cesión al Consorcio Suroccidente, con un reajuste de precios en trámite que supera los diez mil millones de pesos.
Corpofuturo: cinco mil trescientos veintisiete millones para adultos mayores
Contratación directa bajo el Decreto 092 de 2017 sin prueba clara del aporte de liquidez que la norma exige. Valores unitarios que llaman la atención de cualquier auditor: dieciocho mil pesos por almuerzo, ocho mil quinientos por ración. El municipio nunca había destinado semejante suma a este rubro en un periodo de cuatro meses.
Empréstitos por noventa y ocho mil millones de pesos
Cuarenta y ocho mil millones sin desembolsar y demandados ante el Tribunal Administrativo del Cauca. Cincuenta mil millones adicionales para un puente que no ha pasado por aprobación del Concejo. La secretaria de Hacienda renunció en medio del proceso.
Viajes sin rendición de cuentas
No existe información pública consolidada sobre costos, financiación ni resultados de los viajes del alcalde, la gestora social y los secretarios de despacho. El viaje del mandatario a Cataluña, apenas ocho días después de la tragedia del monster truck, ha sido el primero confirmado documentalmente. Los derechos de petición ya cubren a todo el gabinete. El mandatario ha sido señalado como uno de los alcaldes más viajeros de Colombia, y esta redacción avanza en la verificación de cada desplazamiento, tanto del mandatario como de la gestora social y de funcionarios de entidades descentralizadas como el Acueducto, donde también se han identificado situaciones complicadas, así como en el Hospital Universitario San José.
Poda de árboles con firma falsificada
Un contrato por ochenta y tres millones de pesos en el que un ingeniero forestal denunció públicamente que falsificaron su firma para ganar la licitación. El contrato sigue en ejecución pese a la denuncia.
Maquinaria amarilla: seiscientos cincuenta y cinco millones suspendidos
Un solo día de ejecución en más de seis meses. Ninguna sanción visible al contratista, mientras el municipio queda sin equipos para atender emergencias viales.
Comparendos por alcoholemia sin trazabilidad
No existen cifras públicas sobre cuántos comparendos llegan a sanción en firme, cuánto se recauda, ni si los equipos de medición están debidamente calibrados.
Permisos para eventos y discotecas
Avanzamos igualmente en la revisión de los permisos otorgados para eventos masivos y establecimientos nocturnos, un frente que cobra especial relevancia tras la tragedia del monster truck y que evidencia controles internos frágiles en un área donde está en juego la vida de los ciudadanos.
Convenios con entidades sin ánimo de lucro
El mismo mecanismo de contratación directa utilizado con Corpofuturo podría repetirse con otras fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Sin el listado completo, no se sabe cuánto dinero público se ha canalizado por esta vía que evade los controles de la licitación pública.
Concurso de méritos bloqueado: la Procuraduría investiga
La Procuraduría General de la Nación confirmó, el 30 de abril de 2026, la apertura de investigación disciplinaria formal contra el alcalde por presuntamente bloquear el concurso de méritos para proveer más de cuatrocientos cargos de carrera administrativa. La Alcaldía apropió cerca de mil quinientos millones de pesos para el proceso, pero nunca transfirió los recursos a la Comisión Nacional del Servicio Civil. El ente de control concluyó que la información entregada por el municipio no fue suficiente ni consistente. Esto no es una sospecha: es un expediente disciplinario con fecha, radicado y términos perentorios.
Festividades culturales, transporte público, fotomultas y refugio animal
Cuatro frentes que completan el panorama de una administración con controles internos frágiles en prácticamente cada área que se audita. En materia cultural, se investiga si se ha pagado a los artesanos y gestores culturales que participaron en las fiestas de Blancos y Negros y otras festividades oficiales.
Arresto judicial contra el alcalde: el hecho que lo cambia todo
El 9 de julio de 2026, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán impuso una sanción de ocho días de arresto y multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes contra el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo y contra la entonces secretaria de Tránsito Municipal, por no acreditar el cumplimiento de un fallo de tutela que amparaba el derecho fundamental de petición de una ciudadana. El juzgado ordenó además compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las eventuales responsabilidades penales. Esta es, hasta la fecha, la única decisión judicial en firme contra el alcalde en ejercicio dentro de este expediente. Y mientras un juez de la República sanciona al mandatario, un columnista receloso se dedica a cuestionar la ética de quienes documentamos estos hechos.
Lo que somos y lo que pagamos
Proclama del Pacífico no es un blog, ni una cuenta anónima de redes sociales, ni un portal fantasma que aparece en época electoral. Es una empresa periodística constituida hace más de cinco décadas en Santander de Quilichao, Cauca, con NIT, con registro ISSN, con nómina de más de veinte personas que cada quincena reciben un salario con todas las prestaciones de ley. Pagamos aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Pagamos retención en la fuente. Pagamos estampillas. Declaramos renta ante la DIAN. Pocas empresas de comunicación en el suroccidente colombiano pueden decir lo mismo, y quien conozca este gremio sabe que esto es un hecho excepcional en una industria donde la informalidad es la norma.
Lo que no está en venta
Dejamos constancia pública y sin ambigüedad que, en Proclama del Pacífico, quien contrata publicidad compra un servicio de comunicación, no un seguro de silencio. Ningún anunciante, público o privado, adquiere con su pauta el derecho a editar nuestros titulares ni a filtrar nuestras investigaciones. Cualquier administración pública, cualquier entidad privada, cualquier anunciante que paute en nuestro medio está comprando difusión, alcance y credibilidad ante una audiencia real. Jamás comprará nuestro silencio. Si esta distinción resulta incómoda para el columnista que quisiera que actuáramos de la forma que él quisiera, el problema no es nuestro.
Desde ya anticipamos, para que no quede duda, no nos interesa la pauta de esta administración, ni de ninguna, si viene condicionada. No la necesitamos para funcionar y no la necesitamos para publicar. Si en lo que resta de 2026 se abren licitaciones públicas, evaluaremos soberanamente si participamos, como lo haría cualquier empresa colombiana en ejercicio legítimo de sus derechos. Y si decidimos no participar, seguiremos publicando exactamente igual, porque este medio no se enciende con contratos ni se apaga sin ellos.
Nuestro compromiso con Popayán y el suroccidente
Seguiremos investigando, publicando y opinando con la misma independencia con la que lo hemos hecho durante más de medio siglo. Desde la provincia, sin padrinos, pagando lo que hay que pagar y diciendo lo que hay que decir.
A quienes apuestan a que el ruido nos distraiga, les recordamos que llevamos cinco décadas navegando tormentas bastante más fuertes que una columna de opinión construida sobre arena. A quienes envían emisarios para negociar nuestro silencio, les repetimos lo que ya saben: la respuesta es no, y seguirá siendo no. A quienes crean perfiles falsos para atacarnos, les recordamos que nosotros firmamos con nombre propio cada línea que publicamos.
Y a las comunidades de Popayán, del Cauca y del Pacífico, que son la razón de ser de este oficio, les decimos, aquí están los hechos, documentados y verificables. No pedimos que nos crean por ser quienes somos. Pedimos que lean, que comparen, que exijan transparencia a todos, incluidos nosotros. Porque la credibilidad no se decreta en una columna de opinión, se construye publicación tras publicación, año tras año, década tras década.
Nuestro crecimiento es imparable. Por más que quieran ponernos cortapisas, seguiremos haciendo empresa, generando empleo y ejerciendo el periodismo que este territorio merece. Seguiremos informando e incomodando, porque nuestro único patrimonio, es nuestro buen nombre.
Nota: Hemos publicado imágenes ilustrativas generadas con inteligencia artificial por Proclama del Pacífico. No corresponden a fotografías documentales de los hechos relatados.
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