Alcalde hace peligroso señalamiento contra Proclama
El alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña, nos ha escrito. Lo ha hecho con membrete institucional, código de documento, sello y firma, utilizado canales oficiales del Estado para sugerir que una columna de opinión podría «animar» a alguien a atentar contra su vida.
En respuesta a una columna de opinión publicada en este medio bajo la firma de El Telescopio Político —una pieza de análisis político-electoral sobre la situación del municipio y los posibles candidatos a la alcaldía—, el mandatario decidió expresar públicamente que «presume» que el propósito del artículo era «deslegitimarle y conseguir que alguien se anime a quitarle la vida».
Leamos esa frase con cuidado. No la estamos parafraseando. No la estamos exagerando. Está escrita en un documento oficial de la Alcaldía Municipal de Buenos Aires, firmado por el propio alcalde, difundido a través de sus canales institucionales y replicado en redes sociales con carácter público.
«…presumo que con el propósito también velado de deslegitimarme y conseguir que alguien se anime a quitarme la vida.»
Esta redacción merece una respuesta directa, sin rodeos y sin concesiones diplomáticas: esa afirmación es grave, es injusta y es peligrosa. Especialmente en el Cauca.
Lo que la columna dijo. Y lo que no dijo.
El artículo cuestionado analiza la situación política y administrativa de Buenos Aires. Recoge percepciones ciudadanas sobre el desgaste institucional del gobierno actual. Mapea el escenario electoral con los perfiles de quienes podrían aspirar a la alcaldía. Menciona, como dato de contexto territorial, que la violencia sigue condicionando la vida cotidiana de muchas comunidades del municipio.
En ninguna línea del texto se afirma que esa violencia sea responsabilidad del alcalde Peña. En ninguna línea se le señala como causante de los problemas de orden público del municipio. En ninguna línea se hace referencia, directa ni velada, a su integridad personal.
La violencia en Buenos Aires no es una invención periodística. Es una realidad que padecen sus habitantes, documentada por organizaciones de derechos humanos, registrada en informes oficiales y sufrida en carne propia por comunidades rurales y urbanas del municipio. Mencionarla no es un ataque. Es periodismo.
La operación discursiva que no podemos aceptar.
Lo que el alcalde ha hecho, quizás sin medir todas sus consecuencias, es instalar públicamente una narrativa de sospecha contra este medio de comunicación. Ha proyectado sobre Proclama del Pacífico y sobre los columnistas que publican en nuestra plataforma la idea de que nuestro ejercicio editorial podría ser el eslabón previo a un acto de violencia contra su persona.
Esa operación no es un error de redacción. Es una construcción discursiva con efectos reales. Y esos efectos son especialmente peligrosos en un departamento donde periodistas, líderes sociales y comunicadores comunitarios han sido asesinados, desplazados y amenazados precisamente porque alguien, en algún momento, los señaló públicamente como una amenaza.
En el Cauca, las palabras de un funcionario público investido de autoridad estatal aterrizan en territorios donde hay actores armados que leen los señalamientos institucionales como instrucciones.
La inversión del riesgo real.
Hay algo profundamente perturbador en esta situación: el alcalde presenta su comunicación como un gesto de respeto a la libertad de prensa. Nos solicita un espacio de debate. Reconoce el derecho a la crítica. Y en el mismo documento introduce una frase que nos coloca, ante cualquier lector de mala fe o actor violento, en el lugar del enemigo.
Esa contradicción por parte de quien ejerce la máxima autoridad administrativa de un municipio no puede, simultáneamente, reconocer el periodismo como derecho e insinuar que ese periodismo podría motivar crímenes. No en Colombia. No en el Cauca. No en 2026.
El riesgo real no es el que el alcalde describe. El riesgo real es el que se genera cuando el poder institucional señala públicamente a un medio de comunicación regional como posible inductor de violencia. Ese riesgo lo corren nuestros periodistas, nuestros columnistas, nuestros directivos. Y lo corren a partir de hoy, desde el momento en que esa comunicación oficial fue difundida con nombre y membrete.
Nuestra posición. Sin ambigüedad.
Proclama del Pacífico rechaza toda forma de violencia contra cualquier persona, incluidos los funcionarios públicos. Ese rechazo no necesita declararse para ser verdad: está en cada página que hemos publicado durante más de 40 años, en cada investigación periodística que hemos adelantado, en cada cobertura que hemos hecho de las víctimas del conflicto armado en el suroccidente colombiano.
Pero también rechazamos, con la misma firmeza, que el ejercicio legítimo del análisis político sea convertido en sospecha criminal. Rechazamos que la crítica a una administración pública —que es el deber más elemental del periodismo— sea transformada, mediante interpretaciones subjetivas construidas desde el poder, en una supuesta antesala de violencia.
No vamos a dejar de cubrir la realidad de Buenos Aires. No vamos a dejar de publicar análisis políticos sobre municipios del Cauca. No vamos a dejar de abrir nuestra plataforma a columnistas y voces críticas que examinen la gestión pública con rigor e independencia. Eso no es una amenaza para nadie. Es periodismo regional. Es lo que hacemos.
Una advertencia que el alcalde debe escuchar
Le decimos esto con toda la claridad institucional que corresponde: hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes —la Defensoría del Pueblo, la Fundación para la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH— el contenido de su comunicación oficial.
No lo hacemos como amenaza. Lo hacemos porque es nuestro deber proteger a quienes trabajan con nosotros. Porque cualquier afectación futura contra la seguridad de nuestros periodistas o colaboradores deberá leerse en el contexto de lo que usted declaró públicamente. Porque los registros importan. Porque las palabras, especialmente las de quienes ejercen el poder, tienen consecuencias.
La crítica política no es violencia. La opinión periodística no es hostigamiento. El análisis electoral no es instigación. Y ninguna columna de opinión puede ser responsable de los actos de terceros que el propio alcalde imagina en un documento oficial.
Lo que sí puede ser peligroso —y lo decimos con plena responsabilidad editorial— es que un mandatario local use el peso institucional de su cargo para instalar públicamente esa asociación.
Eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que no vamos a aceptar. En consecuencia, hemos emitido el siguiente
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL:
Proclama del Pacífico rechaza la estigmatización criminal
y el intento de censura del Alcalde de Buenos Aires
Ante el comunicado oficial emitido en el día de hoy por el señor Pablo César Peña, Alcalde Municipal de Buenos Aires, Cauca, la Dirección de Proclama del Pacífico se permite informar a la opinión pública nacional e internacional:
- Rechazo a la estigmatización criminal: Denunciamos como temeraria e irresponsable la afirmación del alcalde en la que nos señala de tener el propósito de «conseguir que alguien se anime a quitarle la vida». Vincular el ejercicio de control social y la vigilancia de la gestión pública con una instigación al homicidio es una calumnia gravísima que pone en riesgo real la vida de nuestros periodistas.
- Uso indebido del poder institucional: El alcalde utiliza logos oficiales y canales de la administración para proferir ataques personales y juicios de valor contra la prensa independiente. Esta conducta no solo deshonra su cargo, sino que viola los principios constitucionales de libertad de expresión y de prensa.
- La crítica no es delito: El mandatario confunde la rendición de cuentas con un ataque personal. Fiscalizar que su ejecución presupuestal a finales de 2025 apenas rondara el 45% o cuestionar la ausencia de obras reales frente a los recursos gestionados es un deber del periodismo que no puede ser amordazado con acusaciones infundadas.
- Denuncia de la «trampa» de autocensura: Advertimos a la comunidad que el alcalde, consciente de la crítica situación de seguridad que atraviesa el departamento del Cauca, utiliza esta retórica para forzar nuestra autocensura. Al sugerir que el medio es responsable de su integridad física, intenta crear un escenario de miedo donde, si llegara a ocurrirle algún percance por causas ajenas a nuestra labor, la culpa recaiga injustamente sobre este medio de comunicación. No aceptaremos que se use el orden público como escudo para evadir el escrutinio social.
- No a la entrevista bajo coacción: No se concederá el espacio de réplica solicitado mientras el mandatario parta de supuestos calumniosos. La ética periodística nos impide debatir con quien utiliza su posición para ponernos un blanco en la espalda ante los actores violentos que operan en la región.
Proclama del Pacífico anuncia que ha iniciado las acciones penales y disciplinarias correspondientes ante la Fiscalía y la Procuraduría, y ha solicitado medidas de protección urgentes ante la FLIP y la UNP.
Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico:
