Agresor de agente será llevado ante la justicia
La autoridad judicial emitió orden de captura contra el hombre señalado de agredir verbalmente al agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas el pasado 16 de mayo en Cali. El hecho, registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, mostró una serie de insultos con carga racista dirigidos al funcionario mientras ejercía labores de control vial en el barrio San Fernando.
El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, confirmó la medida judicial e informó que la Alcaldía presentará denuncia penal y acciones contravencionales por el caso. “El respeto es ley y se hace cumplir”, declaró el mandatario local, quien además reiteró que en Cali no hay espacio para la discriminación ni para la violencia contra servidores públicos.
El agente Angulo Cabezas, identificado con el número 466, fue condecorado el 17 de mayo por su comportamiento durante la confrontación. El acto, realizado en la sede de la Alcaldía, fue encabezado por el alcalde y el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco. “Este reconocimiento no viene de la administración, sino del pueblo caleño”, expresó Eder al entregarle el galardón.
El incidente se produjo luego de que el agente advirtiera sobre el uso indebido del espacio público por un vehículo estacionado frente a un establecimiento comercial. En la grabación se observa al agresor, quien permanece con las manos en la espalda mientras profiere improperios a corta distancia del funcionario. La actitud del agente, centrada en mantener la calma y evitar la confrontación, fue valorada como ejemplar por las autoridades.
En paralelo, la Secretaría de Seguridad de Cali ordenó el cierre del local donde trabajaba el presunto agresor, por incumplimiento de requisitos legales. El establecimiento, ubicado en el sector de El Peñón, fue intervenido la misma noche de los hechos.
La administración municipal ha declarado que seguirá de cerca el proceso legal hasta que se logre una decisión judicial. Según información oficial, el investigado ya ha sido plenamente identificado por las autoridades.
El caso ha generado un amplio rechazo ciudadano y ha reabierto el debate sobre el trato que reciben los funcionarios públicos en el espacio urbano, especialmente cuando ejercen tareas de control en contextos de tensión social.
