Acuerdos en Chocó permiten levantar el paro minero
Acuerdos en Chocó permiten levantar el paro minero/
El paro minero en el departamento del Chocó fue levantado oficialmente tras los compromisos alcanzados entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Chocó y representantes del sector minero étnico-comunitario. La decisión se dio en el marco de la sesión ampliada de la Mesa Minera Permanente, encabezada por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi, con participación del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y delegados de los ministerios del Interior y de Defensa.
Durante la jornada, celebrada en Quibdó, se abordaron puntos neurálgicos para el territorio, incluyendo la formalización minera con enfoque étnico, la seguridad territorial, el acompañamiento técnico y jurídico a organizaciones de base y la revisión integral de los títulos mineros en el departamento.
Entre los acuerdos alcanzados se destacan:
- La instalación de mesas técnico-jurídicas entre los ministerios competentes y la Procuraduría General, con el fin de definir una ruta de formalización para los pequeños mineros del Chocó.
- El compromiso del Ministerio del Interior de fortalecer la Guardia Cimarrona e Indígena, y respaldar un encuentro interétnico en el municipio de El Carmen del Darién.
- La implementación de acciones de caracterización y formalización minera por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, en articulación con las comunidades del departamento.
- El acompañamiento del Ministerio de Ambiente con asistencia técnica y socialización de instrumentos diferenciales que faciliten la formalización de actividades tradicionales.
La gobernadora Córdoba destacó la importancia de estos avances como parte de un enfoque de diálogo permanente. “Nuestro objetivo es que este espacio contribuya al progreso del sector minero, pero sobre todo a generar transformaciones económicas reales para las familias chocoanas”, afirmó.
La jornada marca un punto de inflexión para el desarrollo minero en el Chocó, al reconocer los derechos históricos de las comunidades y abrir canales institucionales que prioricen la inclusión, la legalidad y el respeto por la territorialidad.
