El alza generalizada de las tarifas de energía es otra manifestación de la “socialización de las pérdidas y privatización de ganancias”, iniciada a finales de la década de los 70 del siglo pasado.
Siguiendo las pautas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, promovidas por los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y la ‘Dama de Hierro’ en Inglaterra, el neoliberalismo empezó la colonización de la economía mundial para instituir la dictadura del capital financiero, rentista y especulativo mediante manipulación de intereses, divisas, bonos y valor de las acciones de las empresas, en detrimento del capital industrial generador de bienes. Entonces inventaron la receta aplicada desde las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla, en Argentina, para todo el continente: el Estado colombiano, empezó a ‘vender a huevo’ las empresas de telecomunicaciones, bancos, de salud y pensiones, mineras, hidroeléctricas y otras entidades, alegando que los empresarios privados eran más eficientes y las “leyes invisibles del mercado y de la oferta y la demanda” se encargarían de equilibrar los precios a favor de los consumidores, sin tener en cuenta, que por lo alto, los ambiciosos inversionistas nacionales y extranjeros iban a formar poderosos ‘carteles’ o mafias legales del crédito financiero, papel higiénico, el azúcar, arroz, los medicamentos, la energía, etc., etc., para estabilizar los precios, pero por lo alto, a costillas de la mayoría de población ordeñada sin consideración, con la complicidad de los altos estamentos estatales y flamantes superintendencias desdentadas y con funcionarios entrados por la puerta giratoria desde el sector privado (los gatos cuidando la carne).
La perversidad del sistema económico que nos rige y permite, cada vez más, la concentración de la riqueza en pocas manos, acaba de reaparecer en el manejo perverso que algunos propietarios nacionales y extranjeros de las generadoras de energía térmica, les dieron a los subsidios o “tarifas de confiabilidad”, que desde hace años nos cobran en las facturas mensuales, para garantizar la producción de energía, cuando fenómenos climatológicos como el “Niño crecido”, reduzcan considerablemente las reservas de los embalses de las hidroeléctricas, donde se genera la mayoría de energía que consume el país y otros vecinos, que a través de las redes de interconexión, se benefician de los excedentes en épocas de lluvias abundantes.
Una buena tajada de los cerca de 5.000 millones de dólares por sobrecostos en las tarifas de energía, cobrados por años a los hogares, comercios, talleres e industrias del país para evitar otro apagón, como el que se presentó durante el gobierno de Gaviria, no les bastaron a los dueños de algunas térmicas, para alistar sus plantas y hacerlas funcionar, al escasear el agua que mueve las turbinas de las hidroeléctricas para generar energía a menores costos que las plantas movidas por carbón, gas y diesel.
Sin dolerle una muela, el ministro Tomás González anunció, sin derecho a réplica, el alza de tarifas de energía para todos los estratos. Igual sucedió finalizando el siglo XX, durante el gobierno de Andrés Pastrana, cuando los banqueros del sector privado, después de arriesgadas maniobras especulativas para obtener desorbitadas ganancias, estuvieron a punto de quebrar el sistema financiero del país, acudiendo en su salvamento el gobierno nacional, con medidas como el 4×1000, un nuevo impuesto para todos los colombianos, anunciado sólo para ser cobrado durante pocos meses, pero que ya llegó a quinceañero, siendo posteriormente destinado a sanear déficits agropecuarios y en otros sectores de la economía.
Con los miles de millones de pesos obtenidos por el 4×1000, el gobierno de Andrés Pastrana salvó de la quiebra a los bancos privados y los pocos que conservaba el Estado, para privatizarlos al poco tiempo. Entonces acuñaron el término de “socializar las pérdidas y privatizar las ganancias”, pues después de recuperados con el doping del nuevo impuesto, los bancos, en vez de flexibilizar sus políticas financieras y crediticias en beneficio de los ahorradores y aumentarles la tasa de rendimiento por sus ahorros y CDTs, lo que hicieron fue ajustarlas en su contra, con elevados intereses por préstamos y cobros elevados de servicios que antes eran gratuitos, como el manejo de tarjetas débito y de crédito y transacciones en cajeros automáticos, consultas de saldos, etc., etc.
Con la Ley 100, al privatizar los servicios de salud y entregarles a las EPS privadas los recursos que antes recibían las entidades nacionales, departamentales, municipales y entidades para impulsar campañas de prevención y atención de enfermedades, entramos a la sin salida de la crisis actual que tiene al borde de la quiebra al Hospital Universitario del Valle y a la mayoría de centros asistenciales del país a los que las EPS les demoran los pagos por sus servicios para destinarlos a maniobras financieras destinadas a enriquecer a los pocos dueños de esas empresas. Los billones de dólares que el Estado destina a la salud y que en países de la región con menores inversiones son suficientes, en Colombia se van al barril sin fondo de la ineficiencia, corrupción y alta tasa de ganancia para los particulares que permite el mórbido sistema de la privatización vigente al que sólo salva una verdadera Reforma de Salud y no la remendada que aprobó el Congreso.
Todos estos desbarajustes en el sistema que afectan al manejo de la energía, salud, medicamentos, servicios públicos de agua, manejo de basuras, alumbrado público, sector agropecuario, educación, etc. y sus estructuras de costos, facturas de servicios y precios de productos básicos, sin duda que serán temas candentes a resolver en la agenda del Posconflicto y en los programas y propuestas de los partidos políticos que aspiren a gobernar el país.
