Según un informe de la Contraloría, “la ineficiente gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), reflejada en problemas de ejecución de recursos, rezago en compra y legalización de predios y un grave desorden en su información documental, está poniendo en riesgo el goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades étnicas del país”.
La advertencia la hizo la Contraloría General de la República al revelar los resultados de una Actuación Especial sobre la política pública de dotación y legalización de tierras, implementación de proyectos productivos y fortalecimiento institucional, social y cultural de las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas, a cargo del INCODER.
El informe de la Contraloría del pasado 25 de febrero de 2015, evidencia ineficacia en la ejecución de los recursos públicos y ausencia de planeación estratégica en el INCODER, para cumplir con las metas misionales trazadas en su plan de acción, situación que se sustenta en los 37 hallazgos administrativos descritos en el informe, de los cuales 19 tienen alcance disciplinario, 1 de alcance penal y 3 de orden fiscal por un total de $84.573.248.
Destaca el informe que, en la vigencia 2013, el proyecto de inversión «Implementación Programa de Legalización, Adquisición y Adjudicación de tierras rurales y desarrollo productivo para comunidades negras, nivel nacional» comprometió $24.010 millones, de los cuales se pagaron el 14% y el 86% restante se trasladó a contratos con el Banco Agrario.
Además, en la ejecución de los pagos en las vigencias 2012 y 2013 se detectó la constitución de cuentas por pagar que superan el 50% del valor de los proyectos de inversión del INCODER, evidenciando pasividad bancaria e ineficacia de los pagos al no cumplir con el principio de anualidad del presupuesto.
Lo anterior se refleja en la vigencia 2012, donde se constituyeron cuentas por pagar por un valor de $71.874 millones, lo que corresponde al 75% de los recursos de los proyectos de inversión del instituto, correspondientes a $95.320 millones. Para el año 2013 se constituyeron $41.984 millones en cuentas por pagar, lo que correspondía al 68% del total del presupuesto comprometido.
La Actuación Especial de la CGR identifica además un rezago en el cumplimiento de las metas establecidas para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por parte del Incoder en relación con la compra de predios y legalización para comunidades indígenas y negras, la implementación de proyectos productivos, y la reestructuración de resguardos indígenas de origen colonial.
Es el caso de 10 predios programados para ser comprados a comunidades negras durante el año 2013, donde solo se logró la compra efectiva de 1 y de 13 proyectos productivos programados como meta no se logró la asignación de ningún proyecto.
Igual sucede con el saneamiento del resguardo U´wa: durante la vigencia 2013 se comprometieron el 97% de los recursos y solo se pagó el 7% de los recursos asignados, constituyéndose $2.700 millones en cuentas por pagar. Además, no se cumplió con la meta de la compra de 17 predios, ya que ninguno fue comprado.
Otras falencias
La revisión de la ejecución contractual permitió identificar que existe debilidad en la supervisión de convenios y contratos, tarea fundamental para el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad, a lo cual se suman el establecimiento de prorrogas reiteradas, multiplicando significativamente los plazos de ejecución de los convenios y contratos.
En la misma vía se señalaron como grandes falencias el no agotamiento de los procesos de titulación de los territorios colectivos, sobre lo cual se advierte el riesgo de vulneración de los derechos territoriales fundamentales de las comunidades étnicas por parte de terceros, quienes encuentran escenarios propicios en un contexto de informalidad jurídica y ausencia de celeridad institucional en los procesos de compra y legalización de tierras a cargo del INCODER.
Particularmente grave es la falta de capacidad y adecuación institucional de la entidad para atender de manera eficiente las demandas de acciones dirigidas a cumplir con lo dispuesto en los Decretos Ley para víctimas étnicas, en términos del restablecimiento de los derechos territoriales fundamentales de las comunidades y el cumplimiento de las ordenes contenidas en los autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004.
Sobre los recursos destinados a la adjudicación de proyectos productivos a comunidades indígenas y negras o afrocolombianas, se señaló la gravedad de realizar asignaciones presupuestales sin que se cuente con un protocolo aprobado y formalizado para la entrega de tales proyectos.
La debilidad de criterios de focalización y la falta de claridad en los parámetros de identificación de la demanda, así como la inexistencia de planes de seguimiento y acompañamiento a largo plazo, hacen ineficiente el uso de los recursos y generan frustración e insatisfacción en los beneficiarios.
La Contraloría advirtió también al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, sobre reiteradas informaciones recibidas de parte de comunidades beneficiarias de proyectos productivos acerca de la pérdida de sus cultivos a causa de aspersiones aéreas, situación que no solo afecta la producción agroalimentaria y las fuentes hídricas sino que a su vez va en detrimento de la finalidad de los recursos invertidos por el INCODER en distintos proyectos alimentarios.
El informe revela la existencia de factores que impiden la eficiente gestión del INCODER, tales como: ausencia de sistemas de información institucionales, un grave desorden en la información documental, ausencia de documentos o expedientes incompletos de legalización de territorios de comunidades indígenas, negras y afrocolombianas, ausencia de canales eficaces de comunicación entre dependencias, un rol débil de la oficina de control interno de la entidad y alta rotación de contratistas.
Al revelar los resultados de este informe, la Contraloría General de la República hizo un llamado al INCODER para fortalecer y superar de manera urgente y prioritaria las falencias señaladas, a fin de que se cumpla con los fines esenciales del Estado y se dé efectiva garantía del goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades étnicas.
