Este miércoles 7 de mayo, los ministros de Minas y Energía, Amilkar Acosta Medina y del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, se reunieron con el gobernador (e) del Cauca, Gilberto Muñoz Coronado y el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba Muñoz, además de los alcaldes de Caloto, Jorge Arias; de Buenos Aires, Elías Larrahondo, y de Puerto Tejada, Gustavo Hincapié, frente a representantes de las comunidades indígenas y afros organizados en Mesa Interétnica e Intercultural permanente, para coordinar las acciones a tomar tras la tragedia en la mina ilegal de la vereda San Antonio en la que murieron doce personas y dejó un grave problema social, especialmente en las familias de las víctimas, advirtiendo que «no puede ser que con los mineros enterrados, también se quede enterrada la impunidad».
A la reunión asistieron además el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gabriel Vallejo López, y la directora de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García Botero.
Al inicio de la asamblea pública realizada en el salón de eventos Casablanca, el ministro Acosta Medina anunció que “a la minería con vínculos con la criminalidad el Gobierno no le dará tregua en el combate por su erradicación”, previniendo que la minería informal, artesanal, comunitaria, “tendrá un tratamiento diferencial y diferenciado”. Luego, y antes de comenzar el debate, pidió un minuto de silencio por la memoria de las cinco mujeres y siete hombres que se convirtieron en el símbolo de la funesta minería ilegal.
Víctor Hugo Moreno, delegado de los consejos comunitarios del norte del Cauca, también solicitó que se investigue y judicialice a los responsables del desastre y que se incaute la maquinaria para que sea entregada a las comunidades para realizar trabajos productivos y leyó un memorando o pliego de peticiones a los representantes del Gobierno nacional presentes en los que piden, entre otras cosas, un plan urgente de mitigación del daño social y ambiental en la vereda San Antonio.
El dirigente indígena Feliciano Valencia pidió a la comisión gubernamental medidas cautelares apremiantes y las investigaciones que deben derivarse por las omisiones administrativas, judiciales, policiales, de control, que permitieron la comisión continuada de los delitos ambientales que culminaron, en parte, con la muerte de 12 mineros atrapados en la mina Agualimpia, del municipio de Santander de Quilichao, y que la investigación cobije tanto a los responsables individuales como institucionales.
Por su parte, el ministro del Interior Iragorri Valencia, calificó a los dueños de los entables de la mina de San Antonio como asesinos, señalando que la mina no puede seguir funcionando bajo ninguna circunstancia, pero llamó la atención a los consejos comunitarios de las comunidades afros para que se organicen porque hay dificultades de representatividad. Igualmente pidió que bajo ninguna circunstancia pueden las máquinas retroexcavadoras abandonar la zona hasta que se determine cuál es su suerte por parte de la autoridad competente. Alguien afirmó al respecto que los ministros desconocen que las máquinas ya desaparecieron del área de la tragedia.
Otra de las intervenciones fue la del director del Departamento para la Prosperidad Social, Gabriel Vallejo López, quien anunció que el Gobierno Nacional brindará apoyo para la formalización de la minería ancestral y realizará las inversiones necesarias en programas sociales de emergencia, como de generación de empleo y empresas productivas, para lo cual deja en Santander un grupo de 5 funcionarios quienes coordinarán con los alcaldes los procedimientos de la reparación a corto y mediano plazo.
