La democracia colombiana necesitaba recuperar algo que las amenazas, la violencia y la desconfianza habían puesto en riesgo: la tranquilidad de los ciudadanos para acudir a las urnas y decidir libremente quiénes debían gobernar.
En medio de un ambiente de incertidumbre, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, asumió una tarea que merece reconocimiento.
Sacó a la Procuraduría de sus despachos, convocó a las instituciones y llevó a las regiones un mensaje que terminó convirtiéndose en una causa compartida: Paz Electoral.
Quienes ejercemos el periodismo desde las provincias conocemos las dificultades de informar en territorios donde los grupos armados ilegales pretenden imponer sus reglas, las amenazas buscan silenciar las denuncias y la ciudadanía teme expresar sus preferencias políticas. En el Cauca hemos vivido esa realidad durante décadas. Sabemos lo que significa informar bajo presión y escuchar a comunidades que reclaman garantías para ejercer sus derechos.
Por eso, la estrategia de Eljach tuvo para nosotros un significado especial. Por primera vez, en nuestra experiencia, sentimos que una iniciativa nacional de vigilancia electoral nos convocaba como participantes de una tarea democrática, con espacio para hablar de nuestros problemas y plantear nuestras preocupaciones.
El procurador entendió que la defensa del voto requería presencia institucional en los municipios y diálogo con quienes conocen sus dificultades. Convocó a la Contraloría General de la República, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los distintos integrantes del Ministerio Público. Los procuradores regionales y provinciales, los defensores del Pueblo y los personeros municipales encontraron una tarea común que debía cumplirse en las calles, los barrios, los corregimientos y los puestos de votación.
En el Cauca recibimos a integrantes del equipo de la Procuraduría y conocimos directamente el trabajo que adelantaban sus funcionarios. También participamos en encuentros en Bogotá, donde los medios regionales tuvimos la oportunidad de exponer los riesgos que enfrentamos para informar sobre los procesos políticos y electorales.
Ese reconocimiento a la prensa de provincia fue uno de los aspectos que más valoramos.
Desde Proclama del Pacífico, con presencia informativa en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, hemos defendido durante años el derecho de las comunidades a estar informadas. Con frecuencia, las decisiones nacionales se toman lejos de los municipios y las voces regionales encuentran dificultades para llegar a los espacios donde se discuten los problemas del país.
La convocatoria de la Procuraduría permitió que periodistas y directores de medios expusiéramos esa realidad ante las instituciones. Allí hablamos de amenazas, de las dificultades para ejercer la libertad de expresión y de las presiones que pueden afectar la independencia de quienes cubrimos las elecciones.
Mi colega Ovidio Reinaldo Hoyos, director de Radio 1040, compartió esa experiencia y destacó el valor de que los periodistas regionales fueran escuchados. Su reflexión recoge un sentimiento que compartimos: la distancia de Bogotá no puede significar abandono institucional para quienes informamos desde los territorios.
La participación de la Casa Editorial EL TIEMPO, cuyo director, Andrés Mompotes, también hizo parte de este diálogo sobre la democracia, permitió ampliar la conversación entre el periodismo nacional y los medios regionales. Fue una oportunidad para recordar que la información electoral debe llegar tanto a las grandes ciudades como a los municipios donde la ciudadanía enfrenta mayores dificultades para ejercer sus derechos.
En el Cauca, los funcionarios de la Procuraduría asumieron una labor que llamó la atención de la ciudadanía. Los vimos participar en jornadas pedagógicas, visitar barrios, plazas de mercado, parques y centros comerciales, reunirse con autoridades locales y explicar qué significaba Paz Electoral.
Los chalecos amarillos se convirtieron en una señal visible de esa presencia. Para muchos ciudadanos resultaba novedoso encontrar funcionarios del organismo de control hablando directamente con la gente sobre la libertad del voto, las garantías electorales y los mecanismos para denunciar irregularidades.
Los testimonios recogidos entre procuradores regionales y provinciales muestran que la estrategia exigió cambios en las rutinas de trabajo. Funcionarios acostumbrados a labores jurídicas, disciplinarias y administrativas participaron en actividades de orientación ciudadana. Visitaron instituciones educativas, universidades, peajes y espacios públicos. La vigilancia electoral adquirió una dimensión pedagógica que merece ser conservada.
En el Valle del Cauca, donde la polarización política y las dificultades de seguridad habían aumentado las preocupaciones sobre el desarrollo de las elecciones, también se organizaron comités de seguimiento y reuniones con alcaldes, personeros, autoridades electorales y representantes de distintas organizaciones.
La coordinación permitió identificar municipios que requerían atención especial y distribuir funcionarios para acompañar las jornadas de votación.
Uno de los testimonios recogidos en nuestro trabajo periodístico describe la respuesta inmediata de una funcionaria de la Procuraduría ante las inquietudes presentadas por testigos electorales en un puesto de votación. Puede parecer un episodio menor, pero allí encontramos una de las razones por las cuales la presencia institucional importa: el ciudadano necesita saber a quién acudir cuando considera que sus derechos pueden estar siendo vulnerados.
La iniciativa también reconoció el papel de los personeros municipales. En muchos territorios, especialmente donde la presencia del Estado es limitada, las personerías constituyen una de las primeras puertas a las que acude la población para reclamar protección.
El llamado del procurador a los 1.103 personeros del país permitió articular esfuerzos y darles participación en una tarea que exigía conocimiento de las realidades locales. Varios de ellos destacaron que se sintieron respaldados por una institución nacional que reconoció sus responsabilidades y limitaciones.
Eljach explicó reiteradamente que las elecciones debían ser libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes, y que sus resultados tenían que ser respetados. Esa definición contiene una enseñanza que Colombia necesita preservar. La democracia requiere que los ciudadanos puedan elegir sin amenazas, sin presiones indebidas y con la certeza de que su decisión será respetada.
También debemos reconocer que la Procuraduría cumplía funciones de vigilancia electoral mucho antes de esta administración. El mérito que encontramos en la gestión de Gregorio Eljach está en haber dado a esa responsabilidad una expresión pública, territorial y participativa, capaz de reunir a instituciones y sectores que habitualmente trabajan por separado.
Desde nuestra experiencia, Paz Electoral permitió acercar la Procuraduría a comunidades que pocas veces tienen contacto directo con sus funcionarios. Los testimonios de quienes participaron en las jornadas muestran una disposición institucional que merece continuidad. Corresponderá a los balances oficiales establecer con precisión sus resultados en materia de prevención de irregularidades, atención de denuncias y actuaciones disciplinarias.
Nuestro reconocimiento tampoco significa renunciar a la independencia del periodismo. Participar en una convocatoria institucional para defender las garantías electorales no compromete nuestro deber de investigar, preguntar, denunciar y ejercer vigilancia sobre el poder público. Esa independencia es precisamente una de las condiciones que hacen posible una democracia.
En el suroccidente colombiano necesitamos que la presencia de la Procuraduría continúe. El Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca enfrentan problemas de seguridad, dificultades sociales y amenazas contra líderes, comunidades y periodistas que no desaparecen cuando termina una jornada electoral.
La experiencia de Paz Electoral deja una posibilidad que vale la pena desarrollar: mantener el diálogo con las regiones, escuchar a las personerías, acompañar a los ciudadanos y atender oportunamente las alertas que surgen desde los municipios.
A Gregorio Eljach Pacheco le reconocemos su disposición para convocar, escuchar y trabajar con quienes conocemos el país desde sus territorios. También reconocemos a los procuradores regionales y provinciales, a los personeros, a los funcionarios del Ministerio Público y a las instituciones que participaron en esta tarea.
Para quienes hacemos periodismo desde la provincia, haber sido escuchados tuvo un valor que difícilmente puede medirse en estadísticas. Pudimos expresar nuestras preocupaciones ante las autoridades y participar en una conversación nacional sobre la protección de la democracia.
Paz Electoral merece permanecer como una tarea institucional, con independencia de quién ocupe la Procuraduría General de la Nación. Su continuidad deberá acompañarse de resultados verificables, transparencia y presencia efectiva en los municipios.
Porque el derecho al voto se defiende en las instituciones, pero se ejerce en los territorios. Y fue precisamente hasta esos territorios adonde Gregorio Eljach decidió llevar a la Procuraduría.
