Leyner Palacios Asprilla, reconocido por su trabajo con las víctimas del conflicto armado en Bojayá, asumió como nuevo defensor regional del Pueblo en el Chocó. Su posesión estuvo a cargo de la defensora nacional del Pueblo, Iris Marín Ortiz, según informó la entidad y confirmaron medios regionales este 11 de noviembre de 2026.
Oriundo de Bojayá, Palacios es abogado y cuenta con más de 23 años de experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos, la construcción de paz y la justicia transicional. Su trabajo ha estado vinculado al acompañamiento de comunidades afectadas por la violencia, especialmente poblaciones afrocolombianas e indígenas del Pacífico.
Su historia está relacionada con la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, cuando un cilindro bomba lanzado por las Farc cayó sobre la iglesia de Bellavista, donde se refugiaban habitantes que intentaban protegerse de los enfrentamientos entre la guerrilla y grupos paramilitares.
Después de aquella tragedia, Palacios participó en procesos organizativos de las víctimas y en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las familias afectadas. Su liderazgo lo llevó a participar en escenarios nacionales relacionados con los derechos humanos y la construcción de paz.
De la Comisión de la Verdad a la Defensoría
Antes de asumir su nuevo cargo, Leyner Palacios fue comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, organismo creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano.
También se desempeñó como director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Chocó, desde donde trabajó en asuntos relacionados con la atención y reparación de personas afectadas por la violencia.
Su experiencia incluye el acompañamiento a comunidades étnicas y poblaciones en situación de vulnerabilidad en el Pacífico, el Caribe y el archipiélago de San Andrés y Providencia.
Los desafíos que enfrenta en Chocó
Palacios llega a la Defensoría Regional en un departamento donde las comunidades continúan enfrentando desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas contra líderes sociales y restricciones a la movilidad por la presencia de grupos armados.
Desde esta responsabilidad deberá atender las denuncias de vulneraciones de derechos humanos, acompañar a las comunidades y coordinar las actuaciones de la Defensoría del Pueblo ante las instituciones encargadas de garantizar su protección.
Su designación también representa el regreso a una responsabilidad institucional en el departamento donde comenzó buena parte de su trabajo con las víctimas.
Palacios reemplaza a Luis Enrique Murillo, quien estuvo al frente de la Defensoría Regional durante cerca de una década, según reportó el medio regional La Región.
Con su posesión, el abogado de Bojayá asume la tarea de dirigir la Defensoría Regional en un territorio donde las víctimas del conflicto armado siguen reclamando seguridad, reparación y garantías para permanecer en sus comunidades.
