El embargo de más de 50 cuentas bancarias de la Alcaldía de Ipiales, Nariño, por una obligación que supera los $8.000 millones, volvió a ocupar la agenda informativa este sábado 7 de noviembre. La medida está relacionada con recursos del Sistema General de Regalías que fueron destinados a la construcción de un hospital de primer nivel, proyecto que no llegó a terminarse.
Aunque el caso fue publicado nuevamente este sábado, el embargo no es una decisión tomada en noviembre. La medida fue ordenada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) mediante una comunicación expedida el 28 de enero de 2026 y se conoció públicamente en febrero.
Según la información divulgada sobre el proceso de cobro coactivo, la obligación inicial rondaba los $3.887 millones. Con el paso del tiempo y los intereses acumulados, el valor reclamado superó los $8.000 millones.
La orden contempló la retención de saldos bancarios, depósitos de ahorro y otros productos financieros a nombre del municipio. Los recursos retenidos debían trasladarse a depósitos judiciales mientras se adelantaba el procedimiento administrativo.
Alcaldía advirtió posibles afectaciones a servicios públicos
El alcalde José Amílcar Pantoja cuestionó la medida y anunció acciones jurídicas para defender los recursos municipales.
La Secretaría de Hacienda advirtió en febrero que las restricciones sobre las cuentas podían afectar el pago de nómina, cesantías, seguridad social, obligaciones con contratistas y el Programa de Alimentación Escolar, que atiende a más de 15.000 estudiantes.
La administración municipal también planteó que algunas de las cuentas intervenidas contenían recursos con destinación específica que podrían estar protegidos legalmente frente a embargos.
El exalcalde Luis Fernando Villota Méndez, por su parte, sostuvo que la situación pudo haberse evitado mediante la identificación oportuna de las cuentas inembargables. Afirmó que durante la entrega de su administración había advertido sobre procesos jurídicos pendientes.
Estas versiones reflejan diferencias entre administraciones sobre la gestión del caso, pero no establecen por sí mismas responsabilidades individuales sobre el proyecto hospitalario ni sobre la actuación frente al embargo.
El embargo fue levantado en marzo
La revisión de antecedentes judiciales permite precisar un dato decisivo: el embargo ordenado en enero tuvo modificaciones posteriores.
El DNP redujo el límite de la medida cautelar a $3.000 millones el 19 de febrero. Posteriormente, mediante la Resolución 20263240004825 del 4 de marzo de 2026, ordenó desembargar la totalidad de los productos bancarios en dinero del municipio, debido a que los depósitos judiciales constituidos garantizaban el pago de la obligación.
Además, la liquidación del crédito practicada el 2 de marzo estableció un valor de $7.261.876.413,57, según la información judicial publicada.
DNP ordenó devolver $883 millones a Ipiales
El 9 de marzo, mediante el auto OAJ-GAJ-20263240000279, el Departamento Nacional de Planeación ordenó devolver $883.258.595 al municipio.
La decisión respondió a la revisión de dos depósitos judiciales constituidos el 22 y el 25 de febrero, que debían ser restituidos luego del ajuste de los límites de la medida cautelar.
Persiste la discusión sobre el hospital inconcluso
Aunque el embargo bancario fue levantado, el caso deja preguntas sobre el destino de los recursos de regalías, las obligaciones derivadas del proyecto hospitalario y las responsabilidades administrativas relacionadas con su ejecución.
No encontré una actualización oficial posterior que permita establecer si la obligación fue pagada en su totalidad, si continúa algún litigio o cuál es el estado definitivo del proyecto.
La controversia también ha enfrentado las versiones del alcalde Amílcar Pantoja y del exalcalde Luis Fernando Villota sobre la información entregada durante el empalme y las acciones adoptadas para atender el proceso.
