La iniciativa recibió 95 votos a favor en la Cámara y 57 en el Senado. Contempla rebajas de penas para integrantes de organizaciones criminales, pero establece restricciones para cabecillas y responsables de reclutamiento de menores. Ahora espera la sanción presidencial.
Bogotá, 4 de noviembre de 2026. El Congreso de la República aprobó la noche del martes 3 de noviembre la ley de sometimiento a la justicia promovida por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La iniciativa obtuvo 95 votos a favor y 10 en contra en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado recibió 57 votos positivos y 24 negativos.
El proyecto establece un nuevo mecanismo para que integrantes de organizaciones criminales abandonen sus actividades ilegales y se sometan a la justicia a cambio de beneficios penales. Para acceder a ellos deberán entregar armas y bienes, colaborar con las autoridades y aportar información que permita esclarecer delitos y reparar a las víctimas.
Durante el último debate, la Cámara acogió los cambios realizados por el Senado, mediante un procedimiento conocido como votación espejo. Así, ambas corporaciones aprobaron el mismo texto y evitaron una conciliación. El proyecto quedó pendiente de sanción presidencial.
¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!
Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa.
Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia.
¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas!
La falsa paz total llegó a su fin.
¡Bienvenidos a la Patria Milagro!
¡Firme por la Patria!
¡Que viva Cristo Rey!
(A.D.L.E) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026
¿Qué cambia con la ley de sometimiento?
El texto contempla reducciones de pena de hasta el 50 % para integrantes de base de las organizaciones criminales y del 30 % para los cabecillas. Quienes hayan ejercido funciones de mando deberán cumplir una pena mínima de diez años de prisión.
También excluye de los beneficios a responsables del reclutamiento de menores de edad. Para delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, el tiempo mínimo de pena exigido para acceder a determinados beneficios pasó de uno a seis años.
Los beneficiarios permanecerán en establecimientos bajo responsabilidad del INPEC. La iniciativa tampoco contempla suspender órdenes de captura ni extradiciones y elimina disposiciones sobre gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
De la Espriella celebra y anuncia fin de Paz Total
Tras la aprobación, el presidente Abelardo de la Espriella publicó en X un mensaje que comenzó con la expresión “¡Habemus Ley de Sometimiento!”. Agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al Congreso por respaldar la iniciativa.
“La falsa paz total llegó a su fin”, afirmó el mandatario, en referencia al modelo de negociación y diálogo promovido durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La iniciativa modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, que regula instrumentos de orden público. Durante su discusión, sectores de oposición cuestionaron los beneficios previstos para responsables de delitos graves y pidieron mayores garantías para las víctimas.
Uribe cuestionó al ministro de Hacienda por hojas de vida
La jornada política también estuvo marcada por una controversia distinta, relacionada con el trámite de la reforma fiscal del Gobierno.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó públicamente al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, por una presunta solicitud de hojas de vida y pidió a los congresistas de su partido que no participaran en esas prácticas.
“No conviene que usted pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven”, escribió Uribe en X.
Gómez Martínez respondió que su despacho no había solicitado hojas de vida a congresistas a cambio de votos y negó haber recibido ofrecimientos de esa naturaleza.
La controversia ocurrió el mismo día de la aprobación de la ley de sometimiento, pero las declaraciones conocidas se relacionan con la reforma fiscal. No hay pruebas públicas verificadas que permitan afirmar que se compraron votos para aprobar la ley de sometimiento.
Con el trámite legislativo terminado, el proyecto quedó en manos del presidente De la Espriella para su sanción. Su aplicación dependerá de la entrada en vigor de la norma y del cumplimiento de las condiciones establecidas para quienes soliciten acogerse al mecanismo.
