Denuncian falta de medicamentos para salvar animales en Popayán
El Centro de Bienestar Animal, construido con una inversión anunciada superior a los $5.800 millones, enfrenta denuncias por falta de medicamentos, insumos de aseo y personal. La Personería Municipal constató deficiencias en su funcionamiento, mientras una sentencia judicial obliga a la Alcaldía de Juan Carlos Muñoz Bravo a cumplir una disposición de la Ley Ángel.
Un perro atropellado que necesita atención veterinaria, animales enfermos que requieren medicamentos y dificultades para conseguir elementos básicos de limpieza forman parte de las denuncias que rodean el funcionamiento del Centro de Bienestar Animal (CBA) de Popayán.
El establecimiento, ubicado en la vereda Las Guacas, fue concebido para atender animales abandonados, maltratados o en condiciones de vulnerabilidad. Su construcción comenzó durante la administración del exalcalde Juan Carlos López Castrillón, con una inversión pública anunciada inicialmente en $5.000 millones.
Cuatro años después del inicio de las obras, el funcionamiento del refugio continúa bajo cuestionamiento.
La situación adquirió mayor relevancia después de que el personero municipal de Popayán, Daniel Iván Oviedo, realizara una visita sorpresa y advirtiera que el personal disponible era insuficiente para atender las necesidades del establecimiento.
A las observaciones del Ministerio Público se suman denuncias conocidas por Proclama del Pacífico sobre escasez de medicamentos, dificultades para atender animales lesionados, problemas de contratación y falta de suministros indispensables para mantener las instalaciones en condiciones adecuadas.
Los señalamientos requieren una respuesta de la Secretaría de Salud Municipal, dependencia encargada de la política pública de protección animal.
Un refugio construido para proteger animales vulnerables
El 9 de marzo de 2022, la Alcaldía de Popayán anunció el inicio de la construcción del Centro de Bienestar Animal.
El proyecto contemplaba cinco módulos distribuidos en un terreno de 2,4 hectáreas, destinados a prestar asistencia veterinaria y atención integral a perros, gatos y equinos en condiciones de vulnerabilidad.
La inversión anunciada inicialmente fue de $5.000 millones. En enero de 2023, cuando las obras continuaban, la cifra reportada públicamente ascendía a $5.800 millones.
Durante la administración de López Castrillón se anunció la inauguración del refugio en diciembre de 2023. Sin embargo, esa fecha no significó que el establecimiento hubiera quedado completamente habilitado para prestar todos los servicios previstos.
En febrero de 2024, una comisión del Concejo Municipal encontró obras pendientes. Meses después, la propia administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo reconoció dificultades técnicas que impedían culminar adecuadamente el proyecto.
El 1 de agosto de 2024, los entonces secretarios de Salud, Gerardo Zúñiga, y de Infraestructura, Edwin Meneses, presentaron ante el Concejo un informe sobre las condiciones del refugio.
Meneses explicó que habían surgido problemas relacionados con la evacuación de aguas residuales y lluvias hacia el río Cauca, situación que exigió rediseños e inversión adicional.
Por su parte, Zúñiga señaló que la Secretaría de Salud esperaba recibir las instalaciones para proceder con su adecuación y dotación.
Esos antecedentes permiten establecer que el proyecto atravesó dificultades durante su construcción y que la administración actual recibió una infraestructura cuya terminación y puesta en funcionamiento todavía requerían actuaciones.
Sin embargo, los problemas heredados no explican por sí solos las denuncias sobre la disponibilidad actual de medicamentos, suministros y personal. Esas condiciones corresponden a la operación del establecimiento y requieren información presupuestal y contractual actualizada.
La Personería encontró personal insuficiente
La situación del Centro de Bienestar Animal llegó a conocimiento de la Personería Municipal.
En una declaración pública, el personero Daniel Iván Oviedo informó sobre los resultados de una visita sorpresa al establecimiento.
«El día de hoy realizamos una visita sorpresa al Centro de Bienestar Animal, encontrando que solamente cuentan con tres personas para poder atender a la totalidad de las mascotas», manifestó.
El funcionario explicó que durante la inspección se identificaron situaciones que serían comunicadas a la administración municipal.
«Hay algunas situaciones que se pudieron evidenciar y que se solicitará a la administración municipal tomar medidas, especialmente en cuanto al personal con el que cuenta el establecimiento, ya que es insuficiente para las necesidades», señaló.
Oviedo también expresó su preocupación por las condiciones en las que permanecen los animales y anunció que pondría los hallazgos en conocimiento de la Secretaría de Salud y del alcalde de Popayán.
«No queremos que las condiciones en las que están estas mascotas se puedan prestar para pensar que la administración municipal pueda estar generando algún tipo de maltrato hacia ellos», advirtió.
La declaración del personero constituye un antecedente institucional verificable sobre las deficiencias de personal.
No obstante, se requiere conocer el informe escrito de la visita, las recomendaciones formuladas y las actuaciones posteriores de la administración municipal.
También resulta necesario establecer si la Personería realizó visitas de seguimiento y cuáles fueron sus resultados.
Denuncian ausencia de medicamentos para atender emergencias
Uno de los asuntos más delicados corresponde a la presunta falta de medicamentos e insumos veterinarios.
Proclama del Pacífico conoció denuncias según las cuales el establecimiento estaría atravesando dificultades para disponer de antibióticos, antiparasitarios, anestésicos y otros productos necesarios para la atención de los animales.
La situación podría afectar tanto a los animales que permanecen en el refugio como a aquellos que requieren asistencia después de sufrir accidentes o encontrarse en condiciones de abandono.
Entre los casos reportados figura el de un perro atropellado que necesitaba atención urgente en una vía pública de Popayán.
Según la información recibida, las dificultades para disponer de medicamentos y suministros habrían limitado la capacidad de respuesta del centro.
Este caso requiere verificar la fecha del reporte, la intervención de las autoridades, el estado del animal y la atención que finalmente recibió.
También se conocieron señalamientos sobre animales con enfermedades y lesiones que necesitarían tratamientos veterinarios.
Las denuncias mencionan una población aproximada de 105 animales bajo cuidado del establecimiento. Esa cifra debe contrastarse con el registro oficial de ingresos, egresos y permanencia del CBA.
El interrogante principal es si el municipio dispone actualmente de los medicamentos, profesionales y recursos necesarios para garantizar la atención de los animales que tiene bajo su responsabilidad.
La falta de insumos también afectaría el aseo
Las dificultades denunciadas no se limitan a los servicios veterinarios.
También existen señalamientos sobre escasez de jabón, detergentes, desinfectantes y otros productos necesarios para limpiar los espacios donde permanecen los animales.
El mantenimiento de estas instalaciones exige procedimientos permanentes de limpieza y desinfección, debido a la acumulación de residuos orgánicos y al riesgo de propagación de enfermedades.
Las denuncias conocidas indican que el suministro de estos productos sería insuficiente para cubrir las necesidades del establecimiento.
Incluso se reporta que algunas necesidades básicas habrían sido atendidas mediante aportes particulares.
Estas afirmaciones deberán comprobarse con inventarios, registros de entrega de insumos, órdenes de compra y documentación presupuestal.
La Alcaldía debe precisar quién tiene la responsabilidad contractual de suministrar los elementos de aseo, con qué periodicidad se entregan y cuáles son las existencias disponibles.
Contratación y pagos bajo cuestionamiento
La disponibilidad de personal constituye otro punto central de la investigación.
La Personería Municipal confirmó públicamente que, durante su visita, encontró únicamente tres personas encargadas de atender a los animales.
A ello se suman denuncias sobre periodos en los que el establecimiento habría funcionado con una cantidad insuficiente de auxiliares y personal de apoyo.
También se han reportado dificultades relacionadas con la continuidad de los contratos y los trámites de pago de algunos contratistas.
Estos señalamientos deben contrastarse con los contratos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), las actas de inicio, los informes de supervisión y los registros de pago.
Es necesario establecer cuántos profesionales y auxiliares requiere el centro para operar, cuántos están vinculados actualmente y durante qué periodos se han presentado vacantes.
La atención veterinaria, alimentación, limpieza y vigilancia de animales alojados en un refugio exige continuidad. Por eso, las interrupciones contractuales deben examinarse junto con las medidas adoptadas para evitar afectaciones al servicio.
¿Qué pasó con los recursos anunciados?
El debate sobre el funcionamiento del Centro de Bienestar Animal también tiene una dimensión presupuestal.
En noviembre de 2025, el Concejo Municipal publicó información sobre el proyecto denominado *Implementación del programa de cuidado y protección de los seres sintientes*.
Según el informe presentado por la Secretaría de Salud, el programa contaba con un presupuesto de $1.750 millones.
La administración reportó que el 79 % de los recursos tenía certificados de disponibilidad presupuestal y que el 40,17 % se encontraba en ejecución contractual.
La información también daba cuenta de un proceso de contratación por $630 millones, destinado a la operación integral del Centro de Bienestar Animal.
El proceso aparece identificado en los registros de contratación como MP-SS-SM-003-2025.
Su objeto contemplaba la operación integral del establecimiento para atender fauna doméstica, silvestre y animales comprendidos en el programa municipal de protección.
Sin embargo, la existencia de un proceso contractual no permite concluir que todos los recursos fueron ejecutados, que los pagos se realizaron o que los bienes y servicios llegaron efectivamente al centro.
Para establecerlo es indispensable revisar el expediente contractual completo.
La Alcaldía deberá explicar si el contrato fue adjudicado, quién asumió su ejecución, cuáles fueron sus obligaciones y qué suministros, servicios y personal fueron efectivamente entregados.
También deberá precisar la ejecución presupuestal de 2026 y los recursos destinados específicamente a medicamentos, alimentación, aseo y contratación de profesionales.
Las cifras anunciadas corresponden a conceptos diferentes y no deben sumarse como si constituyeran una única inversión disponible para el funcionamiento actual.
El Concejo ya había advertido los problemas
Las dificultades del Centro de Bienestar Animal tampoco son nuevas para el Concejo Municipal.
El 7 de enero de 2026, la corporación publicó un informe sobre una sesión en la que se analizaron los rezagos en la implementación del establecimiento.
Durante el debate, el concejal Alex Trujillo sostuvo que la falta de recursos continuaba siendo uno de los principales obstáculos.
También recordó que el Concejo había aprobado recursos solicitados por la administración y que correspondía al gobierno municipal garantizar su ejecución.
La concejala Silvia León reconoció avances en la implementación del centro, pero advirtió que todavía estaba lejos de funcionar con la capacidad requerida por la ciudad.
La cabildante solicitó establecer el costo real de operación y presentar indicadores que permitieran evaluar los resultados.
El pronunciamiento del Concejo confirma que, desde comienzos de 2026, existían preocupaciones institucionales sobre presupuesto, personal, insumos y funcionamiento.
Por eso resulta necesario conocer qué decisiones adoptó la Alcaldía después de aquel debate y cuáles fueron sus resultados.
Una sentencia obliga a cumplir la Ley Ángel
A las dificultades administrativas se suma un antecedente judicial.
El 25 de septiembre de 2026, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán profirió la Sentencia 168 de 2026, dentro de una acción de cumplimiento promovida por JM Abogados & Asesores S.A.S.
El proceso fue impulsado por el abogado Joan Sebastián Manzano Garzón, quien reclamó el cumplimiento de obligaciones legales relacionadas con la protección y el bienestar animal.
La decisión judicial ordenó al municipio presentar ante el Concejo el proyecto de acuerdo para crear el Fondo Municipal para la Protección y Bienestar Animal, previsto en la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel.
Según la información publicada sobre el fallo, la administración dispone de veinte días hábiles contados a partir de su ejecutoria para cumplir la orden.
La sentencia no constituye, por sí misma, una declaración judicial de maltrato animal dentro del refugio ni determina responsabilidades por las denuncias sobre medicamentos y contratación.
Su importancia radica en que establece una obligación concreta para la administración municipal en materia de financiación y protección animal.
El cumplimiento de esta decisión deberá verificarse mediante el expediente judicial y las actuaciones posteriores de la Alcaldía.
Una obligación que viene de años atrás
La construcción del Centro de Bienestar Animal también tiene antecedentes judiciales anteriores a la Ley Ángel.
El Decreto Municipal 20231000003495, expedido el 10 de noviembre de 2023, menciona una decisión judicial identificada con el proceso 19001333300820180034200.
Según ese documento, se ordenó al municipio construir un albergue para animales y disponer de un inmueble provisional destinado a recibir aquellos que permanecieran abandonados en las calles.
La administración de López Castrillón relacionó la construcción del centro con el cumplimiento de esa obligación.
El mismo decreto reconoció que, para operar el establecimiento, era necesario disponer de personal, equipos, insumos médicos y mobiliario.
Este antecedente resulta especialmente relevante porque permite establecer que la obligación municipal no terminaba con la construcción de la infraestructura.
El proyecto requería condiciones materiales y administrativas para prestar los servicios previstos.
Las explicaciones que debe entregar la Alcaldía
La investigación deja asuntos que requieren una respuesta documentada del gobierno municipal.
El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo y la Secretaría de Salud deben precisar cuál es el estado actual de funcionamiento del Centro de Bienestar Animal, cuántos animales permanecen bajo su cuidado y cuál es la capacidad instalada y operativa del establecimiento.
También deben informar sobre las existencias de medicamentos, alimentos e insumos de aseo, así como las medidas adoptadas para atender emergencias veterinarias.
En materia contractual, corresponde aclarar cuántas personas trabajan actualmente en el centro, cuáles son sus modalidades de vinculación y si existen cuentas pendientes de pago.
La administración deberá presentar igualmente los recursos presupuestados, comprometidos, contratados, obligados y pagados durante 2024, 2025 y lo corrido de 2026.
Otra respuesta pendiente corresponde a las observaciones formuladas por la Personería Municipal y el Concejo de Popayán.
Hasta el cierre de esta revisión documental no se cuenta con una respuesta oficial actualizada de la Alcaldía frente a la totalidad de las denuncias conocidas por Proclama del Pacífico.
Los animales siguen esperando respuestas
El Centro de Bienestar Animal fue construido para atender una necesidad concreta de Popayán: proteger a los animales abandonados, enfermos, lesionados o víctimas de maltrato.
La infraestructura existe, pero los antecedentes oficiales y las denuncias recientes obligan a examinar las condiciones reales de funcionamiento.
La Personería encontró deficiencias de personal. El Concejo advirtió problemas presupuestales y operativos. Un juzgado ordenó cumplir una obligación de la Ley Ángel.
Ahora corresponde establecer si los recursos públicos destinados a la protección animal están llegando oportunamente a los servicios para los cuales fueron aprobados.
Mientras se esclarecen las responsabilidades, permanece una pregunta que exige respuesta inmediata de la administración municipal: ¿con qué medicamentos, personal y suministros se está garantizando hoy la atención de los animales del refugio de Popayán?
