Apagar las Emisoras de Paz es callar a las comunidades de provincia
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El silencio regresa a territorios que sobreviven la guerra
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Colombia necesita más voces y están apagando veinte
PEVIPAZ y el Sistema de Medios Digitales Enlace País pidieron al Gobierno Nacional reconsiderar la suspensión de las veinte Emisoras de Paz. La carta abierta pone en discusión la pérdida de información local, el futuro laboral de sus equipos y el riesgo de desmontar capacidades periodísticas construidas durante años en territorios marcados por el conflicto armado. Proclama del Pacífico publica este análisis desde su condición de integrante de ambas organizaciones.
La discusión sobre las Emisoras de Paz llegó a un punto que compromete al periodismo territorial colombiano.
La Corporación Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, PEVIPAZ, y la Red de Emisoras Web Enlace País – Sistema de Medios Digitales enviaron el 26 de agosto una carta abierta a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, con copia al presidente Abelardo de la Espriella.
La comunicación solicita reconsiderar la suspensión de las veinte Emisoras de Paz y advierte sobre las consecuencias que la decisión produce en las comunidades y en los equipos periodísticos vinculados a esas frecuencias.
Proclama del Pacífico integra PEVIPAZ y el Sistema de Medios Digitales Enlace País. Esa condición merece quedar expresamente consignada ante nuestros lectores. Compartimos la preocupación contenida en la carta y consideramos que el debate alcanza principios esenciales para cualquier medio de comunicación: pluralismo, independencia editorial, información territorial, libertad de expresión y derecho de las comunidades a conocer lo que ocurre en su entorno.
Un micrófono también forma parte de un territorio
Las Emisoras de Paz surgieron del Acuerdo Final firmado en 2016 y fueron instaladas en municipios que soportaron durante décadas algunas de las consecuencias más graves del conflicto armado.
Su importancia radica en las voces que lograron reunir. Campesinos, mujeres, jóvenes, víctimas, líderes sociales, organizaciones comunitarias y habitantes de regiones alejadas encontraron allí espacios para narrar su vida cotidiana, sus problemas, su cultura, sus memorias y sus procesos de reconciliación.
La sustitución de contenidos informativos, culturales, pedagógicos y comunitarios por una programación predominantemente musical modifica esa relación. Una frecuencia puede continuar transmitiendo y, al mismo tiempo, perder su capacidad de contar el territorio.
La diferencia la marca el periodismo.
Una canción emitida desde Bogotá difícilmente puede informar que una carretera rural quedó bloqueada, que una familia busca a un desaparecido, que una comunidad convoca una reunión, que apareció una amenaza contra un líder social o que una emergencia afecta un corregimiento distante.
La radio territorial cumple esa función porque tiene personas que conocen los lugares, reconocen sus voces y entienden sus códigos.
El costo humano del cierre
La carta introduce además un elemento que suele desaparecer detrás de las discusiones administrativas.
Cada emisora tiene periodistas, productores, realizadores, técnicos y otros trabajadores. Cada contrato suspendido afecta una familia. En municipios pequeños también repercute sobre una economía local que ofrece pocas alternativas laborales para profesionales de la comunicación.
Existe otra pérdida difícil de calcular en cifras. Un periodista territorial acumula fuentes, memoria, confianza y conocimiento. Sabe quién puede explicar un conflicto comunitario, dónde buscar información durante una emergencia, qué dirigente tiene credibilidad, qué institución debe responder y qué historia hay detrás de un acontecimiento.
Ese patrimonio profesional tarda años en construirse. Una orden administrativa puede dispersarlo en pocos días.
La carta de PEVIPAZ y Enlace País resume esa realidad en una frase que merece atención pública: “Apagar una voz territorial puede tomar apenas unos minutos; reconstruir la confianza de una comunidad en sus medios puede tardar décadas”.
Periodistas que conocen el precio del silencio
El pronunciamiento adquiere un significado particular por la historia de PEVIPAZ. La organización reúne periodistas afectados por el conflicto armado colombiano y ha participado durante cerca de catorce años en el proceso de Reparación Colectiva a Periodistas.
Sus integrantes conocen asesinatos, amenazas, desplazamientos, exilios y cierres forzados de espacios informativos. Conocen también la consecuencia que queda después de la salida de un periodista.
Una comunidad pierde a quien preguntaba. Pierde a quien documentaba. Pierde a quien podía dejar constancia pública de un abuso.
El conflicto armado colombiano produjo durante décadas zonas donde informar implicaba exponerse a amenazas provenientes de actores armados, estructuras criminales y poderes locales.
La reparación colectiva reconoce precisamente ese daño. Enlace País nació dentro de ese proceso con una red inicial de diez emisoras web orientadas hacia memoria, derechos humanos, cultura, participación ciudadana, reconciliación y paz. Por esa razón, sus integrantes observamos la suspensión de las Emisoras de Paz desde una experiencia histórica concreta. El silencio territorial tiene consecuencias.
Revisar también exige escuchar
PEVIPAZ y Enlace País reconocen la facultad del Gobierno Nacional para revisar contratos, modelos administrativos, contenidos y políticas de los medios públicos. Esa revisión necesita reglas públicas, participación y garantías editoriales.
La carta propone abrir un proceso transparente en el que intervengan periodistas y trabajadores de las emisoras, comunidades locales, organizaciones de víctimas, universidades, defensores de la libertad de expresión y otros integrantes del ecosistema de medios.
Ese procedimiento permitiría conocer qué funcionó, qué falló y qué debe corregirse. También permitiría separar eventuales problemas administrativos de la función periodística cumplida por las emisoras.
Una política pública madura debe poder corregir errores mientras conserva las capacidades que sirven a la ciudadanía.
Los medios públicos pertenecen a los ciudadanos
La discusión llega además a una cuestión fundamental para el país. ¿Qué significa un medio público?
Su naturaleza exige independencia respecto del gobierno que temporalmente administra el Estado. Un sistema público de comunicación debe representar diversidad política, cultural, regional y social. Sus periodistas necesitan garantías para preguntar, investigar y contar realidades que eventualmente incomoden a funcionarios, partidos o gobiernos.
PEVIPAZ y Enlace País plantean precisamente la actualización de la política pública de las Emisoras de Paz bajo criterios de servicio público, pluralismo e independencia.
Colombia necesita esa discusión. Un medio financiado con recursos públicos pierde su sentido cuando termina convertido en una dependencia comunicacional del gobernante de turno. También lo pierde cuando desaparece su capacidad de producir información propia desde los territorios.
La paz también necesita periodistas
Hay una frase de la carta que resume el alcance de este debate: Quienes han vivido la violencia saben que la paz también consiste en poder hablar, preguntar, denunciar, recordar, escuchar y contar sin miedo.
Eso ocurre todos los días dentro de una emisora. Ocurre cuando una víctima relata lo sucedido. Cuando una comunidad denuncia una amenaza. Cuando un campesino explica por qué perdió su cosecha. Cuando un líder indígena habla desde su territorio. Cuando una mujer cuenta una experiencia que antes permanecía escondida. Cuando un periodista pregunta por aquello que el poder preferiría dejar fuera de la conversación pública.
Colombia pagó durante décadas un precio demasiado alto por los silencios impuestos en sus regiones.
Las Emisoras de Paz representan una parte de la respuesta construida después de esa historia. Su futuro merece una discusión pública transparente y con participación de quienes las hacen y de quienes las escuchan.
PEVIPAZ y Enlace País han pedido al Gobierno que abra esa conversación.
Proclama del Pacífico acompaña ese llamado desde su pertenencia a las dos organizaciones y desde una convicción periodística elemental: un territorio informado tiene mayores herramientas para defender sus derechos, preservar su memoria y participar en las decisiones que determinan su futuro.
El Gobierno tiene ahora la palabra.
Las comunidades necesitan conservar la suya.
En contexto: https://proclamadelpacifico.com/?s=emisoras+de+paz
