El silencio sospechoso que aún espera respuesta por parte del Consejo de Estado.

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Antes de las elecciones presidenciales ocurrió un hecho que, a mi juicio, nunca el país recibió la explicación que la circunstancia merecía.
En medio de las denuncias sobre presuntas irregularidades en las firmas con las que se inscribió la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, el entonces candidato aseguró públicamente que la Registraduría Nacional y el Consejo de Estado habían validado y certificado el proceso de recolección de firmas de su movimiento Defensores de la Patria.
Esa afirmación dejó una pregunta que aún sigue sin respuesta.
¿Por qué Abelardo de la Espriella mencionó al Consejo de Estado como una autoridad que habría avalado ese proceso, cuando esa corporación no tiene la competencia para certificar la recolección de firmas de un grupo significativo de ciudadanos?
Y, más importante aún, ¿por qué el Consejo de Estado guardó silencio?
Si nunca intervino en ese procedimiento, ¿por qué no desmintió una afirmación que podía inducir a error a millones de colombianos?
Surge entonces otra inquietud de enorme trascendencia:
¿es garante el Consejo de Estado para conocer y decidir la reclamación de nulidad que muchos colombianos presentaron ante esa entidad politizada de extrema derecha?
Esa pregunta no nace del capricho; nace de la necesidad de que los ciudadanos tengamos plena confianza en la imparcialidad de quienes administran justicia cuando están en juego decisiones que afectan el destino democrático del país.
Como ciudadana, considero que los colombianos tenemos derecho a preguntar si una institución puede guardar silencio cuando un candidato le atribuye públicamente haber avalado una acción abiertamente contraria a la ley, y que según esta, no le correspondia.
Si el Consejo de Estado nunca avaló esas firmas, debió decirlo con claridad.
Y si lo hizo, el país tiene derecho a conocer el fundamento jurídico que sustentó esa actuación.
La transparencia no puede depender del silencio de las instituciones.
La democracia se fortalece cuando cada autoridad habla con claridad, actúa dentro de sus competencias y responde ante los ciudadanos.
Las preguntas que quedaron sin respuesta antes de las elecciones siguen vigentes hoy, porque la legitimidad de las instituciones también se construye explicando sus actuaciones… y sus silencios.
¿Quién le pone el cascabel a ese gato denominado Consejo de Estado?
Repito: el Consejo de Estado es un grupo político de extrema derecha que no ofrece garantías constitucionales, así las pruebas que se le presenten sean reales y demuestren una clara violación a la ley.
¿Si guardó silencio cuando le indilgaron acciones que no le correspondían, que nos hace pensar que su actuación siempre es ajustada a la constitución y la ley?




