Cuando la verdad derrota a la propaganda
La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia intentó comprar legitimidad con publicidad.
Durante semanas bombardeó al país con publicaciones diarias, videos cuidadosamente producidos y mensajes insistentes sobre la supuesta transparencia del proceso electoral.
No informaban: hacían propaganda.
Hoy entendemos por qué.
El informe de la misión internacional de observación electoral cayó como un balde de agua fría sobre ese relato oficial.
Lo que la Registraduría intentó vender como un proceso impecable quedó seriamente cuestionado por quienes no tenían intereses políticos, sino la responsabilidad de observar y evaluar.
La propaganda nunca ha podido derrotar a la verdad.
Mientras la institución invertía esfuerzos y recursos en cuidar su nefasta y mentirosa imagen, los observadores internacionales examinaban los hechos.
Y los hechos, por incómodos que resulten, terminan hablando más fuerte que cualquier campaña publicitaria.
Quienes se indignan porque el presidente Gustavo Petro dio a conocer la existencia de este informe deberían indignarse, en cambio, por aquello que el informe revela. La pregunta no es por qué se conoció.
La verdadera pregunta es por qué la Registraduría no se apresuró a explicarle al país, punto por punto, cada una de esas observaciones.
Una autoridad electoral no puede conformarse con parecer transparente; tiene la obligación de serlo y, según el informe, transparencia fue lo que faltó.
Y cuando un organismo internacional advierte fallas, vacíos o irregularidades, la respuesta no puede ser el silencio ni el maquillaje institucional a punta de publicidad engañosa.
La democracia no necesita agencias de publicidad.
Necesita instituciones capaces de soportar el escrutinio público, reconocer sus errores y corregirlos.
Hoy queda claro que tantas publicaciones diarias no buscaban informar a los colombianos. Buscaban instalar una percepción.
Construir un relato antes de que la realidad llamara a la puerta.
Pero la realidad siempre termina llegando.
Y cuando llega de la mano de una misión internacional de observación electoral, ya no basta con un video institucional ni con un eslogan repetido hasta el cansancio.
Colombia merece respuestas.
Merece conocer toda la verdad.
Merece una Registraduría que publique el informe completo y diga qué pasó y porque permitió los presuntos delitos que contiene el informe.
Y, sobre todo, Colombia merece que no se pretenda reemplazar la transparencia con propaganda mentirosa.
Porque la confianza del pueblo no se compra con publicaciones en redes sociales. Se conquista con la verdad.
Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de abrirse paso.
Si en Colombia la justicia actuara conforme a la ley, el Registrador tendría que responder no solo por este informe, sino por los «presuntos» delitos que se cometieron desde la recolección de firmas y no fueron denunciados.
Allí empezó la trampa, y hoy la vemos completa con el visto bueno de esa entidad.
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