Los ministros del despacho del gobierno de Belisario Betancur serán llamados a declarar por parte de la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación reabierta por el caso de la retoma del Palacio de Justicia ocurrida en Bogotá en 1985.
La Fiscal Jefe de la Unidad de Fiscales Delegada ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora, explicó que las determinaciones tomadas durante el Consejo de Ministros del 6 de noviembre de 1985, con motivo de la toma del edificio por parte de la entonces guerrilla del M-19, serán de trascendental importancia para establecer las responsabilidades penales del caso.
En este proceso, el ministro de Gobierno de la época, Jaime Castro, solicitó que lo escuchen en versión para relatar lo que ocurrió aquel día. Hasta ahora no se ha establecido la fecha para la misma. Asimismo, está pendiente de resolver lo referente a la fecha de la citación a los exministros.
Por otra parte, Zamora explicó que la ubicación del sargento del Ejército Bernardo Garzón, que fue capturado el pasado jueves, se logró con la colaboración de las víctimas. El aporte del militar retirado en los procesos que ordenó reabrir el Tribunal Superior de Bogotá es fundamental porque él conoce muchos aspectos.
Además, lo dicho por él recobró importancia después de que en los procesos trataron de desvirtuar su credibilidad; pero gracias a las denuncias de los periodistas de un noticiero de televisión se conoció que Garzón sí se hallaba en la capital del país durante los días en que se presentó la toma del Palacio de Justicia.
“Es importante su testimonio para los procesos que están vigentes como los desaparecidos del Palacio de Justicia, el caso del magistrado Urán, o casos ya fallados como la desaparición de Nidia Érica Bautista”, reiteró Zamora.
Él formó parte del batallón Charry Solano porque allí fueron llevadas personas que posteriormente recobraron la libertad, como Yolanda Santodomingo y Eduardo Mazo, que fueron llevados al referido grupo militar de inteligencia.
Garzón está vinculado penalmente con la investigación que se adelanta por la desaparición de Guillermo Marín, militante del M 19. En ese proceso fue declarado persona ausente y su presencia allí facilitará el trabajo.
