La libertad de prensa en Colombia, entre sus herramientas y el silencio
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“Si no sabes, te enseño; si no puedes, te ayudo; pero si no quieres, nada puedo hacer por ti”
Una libertad reconocida en la Constitución
Los hechos ocurridos recientemente contra periodistas colombianos vuelven a mostrar la distancia entre las garantías legales y las condiciones reales del oficio. El asesinato de Cristian Herrera, periodista de Norte de Santander que murió tras un ataque armado en Cúcuta, se suma a una historia marcada por muertes, atentados y amenazas contra quienes investigan y divulgan asuntos de interés público.
En Colombia, la libertad de prensa se ejerce entre herramientas de trabajo y riesgos que, en algunos territorios, pueden conducir al silencio. Un periodista informa, investiga y pregunta, pero también puede enfrentar amenazas, desplazamiento forzado o exilio. En los casos más graves, la violencia termina por arrebatarle la vida.
Esta realidad tiene dos dimensiones. Una corresponde a la Constitución Política de 1991, que protege la libertad de expresión y de información. La otra pertenece a los territorios donde esa garantía es desafiada por actores políticos, económicos, institucionales o armados que buscan impedir que determinados hechos sean conocidos.
El artículo 20 de la Constitución establece que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y sus opiniones, así como la posibilidad de informar y recibir información veraz e imparcial y de fundar medios masivos de comunicación. También señala que estos medios son libres y tienen responsabilidad social.
La norma permite investigar las actuaciones de un gobernante, criticar al presidente de la República o denunciar las acciones de un grupo armado. El Estado no puede imponer censura previa. Sin embargo, periodistas y medios deben responder cuando divulgan información falsa, incurren en injuria o afectan derechos protegidos por la ley.
La teoría constitucional es clara. La práctica presenta un escenario diferente.
El periodismo bajo amenaza en los territorios
El ejercicio periodístico enfrenta riesgos particulares en Colombia, considerada en el texto original como una de las naciones más peligrosas para desarrollar esta profesión. Las agresiones no siempre proceden del Gobierno nacional, de las gobernaciones o de las alcaldías. También pueden originarse en personas y organizaciones que buscan impedir que se conozcan hechos relacionados con corrupción, economías ilegales, violencia o disputas por el poder territorial.
La labor periodística adquiere una dimensión distinta cuando se realiza lejos de las principales ciudades. En municipios pequeños, el reportero suele conocer a sus fuentes, a las autoridades y a las personas cuestionadas en sus investigaciones. Al mismo tiempo, quienes resultan afectados por una publicación pueden conocer su residencia, sus recorridos y las rutinas de su familia.
El riesgo aumenta cuando el medio de comunicación es la única voz que formula preguntas en una comunidad. La muerte, el desplazamiento o la autocensura de un periodista no afectan únicamente a la persona agredida. También dejan a los habitantes sin alguien que investigue decisiones públicas, contratos, actuaciones de las autoridades o hechos relacionados con actores armados.
Tres formas de silenciar a la prensa
En el país se repiten por lo menos tres formas de agresión contra la libertad de prensa. La primera es la violencia física, cuya expresión extrema es el asesinato.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, desde 1977 han sido asesinados más de 150 periodistas en Colombia. De acuerdo con el texto suministrado, varias de las víctimas investigaban corrupción local, minería ilegal, narcotráfico o grupos armados.
En muchos casos, la víctima no era una figura reconocida nacionalmente, sino un periodista que trabajaba en un municipio donde su voz incomodaba a sectores con poder. Su asesinato no solo interrumpe una investigación o una publicación. También provoca miedo entre las fuentes, los colegas y los habitantes que suministraban información.
La segunda forma de agresión está representada por las amenazas y el exilio. Se trata de una violencia menos visible, pero capaz de modificar el contenido que llega a las audiencias. El texto afirma que, por cada periodista asesinado, 20 reciben panfletos, llamadas o mensajes de WhatsApp con intimidaciones para que abandonen una investigación o dejen de informar.
La consecuencia puede ser la autocensura. El periodista deja de cubrir un asunto, el editor reduce el alcance de la nota y la ciudadanía pierde la posibilidad de conocer quién administra de manera irregular los recursos públicos. No siempre hay un ataque físico, pero el miedo consigue limitar la información.
La tercera forma corresponde a la estigmatización y los ataques digitales. La violencia contra la prensa también circula mediante publicaciones en redes sociales, señalamientos y campañas destinadas a desacreditar a periodistas y medios.
Expresiones como “prensa prepaga”, “mermelada” o “enemigos del pueblo” son empleadas para cuestionar el trabajo periodístico sin debatir el contenido de las investigaciones. Cuando esos mensajes proceden de funcionarios o dirigentes políticos, pueden estimular nuevas agresiones por parte de sus seguidores.
A esto se suman las campañas de desinformación, la divulgación de datos personales, conocida como doxing, y el acoso digital contra mujeres periodistas. Estas acciones buscan desgastar a quienes informan hasta conseguir que eliminen una publicación, abandonen un tema o cierren una cuenta.
El riesgo no es igual en todo el país
Norte de Santander, Cauca, Santander, Antioquia y Valle del Cauca aparecen en el texto como departamentos con escenarios de riesgo para el periodismo. El oficio no se ejerce bajo las mismas condiciones en Bogotá que en regiones como el Cauca, el Catatumbo o el Bajo Cauca.
Las zonas con cultivos ilícitos, minería ilegal y presencia de disidencias presentan mayores peligros. En estos lugares, el periodista puede enfrentar presiones de grupos armados, autoridades, contratistas y sectores económicos. También debe trabajar con comunidades que, por temor a represalias, prefieren no declarar o suministrar información bajo reserva.
La corrupción local constituye otro factor de riesgo. Denunciar un contrato presuntamente inflado en un municipio pequeño puede resultar más peligroso que cuestionar una ley aprobada por el Congreso. En las comunidades reducidas no existe la distancia ni el anonimato de las grandes ciudades. Las personas investigadas saben quién pregunta, dónde trabaja y dónde vive el periodista.
Esta proximidad convierte el periodismo regional en una actividad esencial para la democracia, pero también expone a sus trabajadores a presiones que difícilmente alcanzan visibilidad nacional.
La resistencia de los medios regionales y comunitarios
Pese a los riesgos, la prensa colombiana continúa informando. Hay periodistas que viajan durante ocho horas en una chiva para entrevistar a una lideresa. Existen medios comunitarios que transmiten con una planta eléctrica y estudiantes que crean pódcast para contar hechos que no siempre tienen espacio en los medios nacionales.
Estas experiencias muestran que la libertad de prensa también depende de medios pequeños, emisoras comunitarias, portales regionales y reporteros que cubren territorios apartados. Su trabajo permite documentar hechos que de otra manera permanecerían desconocidos.
La FLIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y ciudadanos que registran y denuncian las amenazas cumplen una función en la defensa del periodismo. La documentación de cada agresión permite dimensionar el problema, exigir respuestas institucionales y evitar que los ataques queden reducidos a hechos aislados.
Entre la publicación y el silencio
La libertad de prensa en Colombia no puede medirse únicamente por la cantidad de periódicos, emisoras, canales, portales o cuentas informativas que están en funcionamiento. También debe evaluarse por los asuntos que dejan de publicarse, las investigaciones que se abandonan y las preguntas que no se formulan por temor.
El artículo 20 de la Constitución ofrece una garantía indispensable, pero su cumplimiento requiere protección efectiva, investigaciones judiciales y condiciones para que los periodistas puedan trabajar sin amenazas. La responsabilidad también corresponde a funcionarios, dirigentes políticos y ciudadanos que deben debatir la información sin convertir a la prensa en objetivo de hostigamientos.
En Colombia, la libertad de prensa se define tanto por lo que aparece en una portada como por lo que un periodista se atreve a preguntar en un municipio afectado por el abandono, la corrupción o la violencia.
La prensa conserva sus herramientas: la grabadora, la cámara, el micrófono, el computador y la palabra. El desafío consiste en evitar que el miedo termine imponiendo el silencio.
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