Por: Jesús Alberto Aguilar Guerrero.
En la contienda electoral rumbo a la presidencia de la república de Colombia, que se definirá el 31 de mayo de 2026 en su primera vuelta, el tema de los cultivos ilícitos dejo de ser solo seguridad y paso a marcar diferencias de modelo entre candidatos; la política oficial: “sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, proponiendo reducir 90.000 hectáreas de coca a la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa, un giro que daría “oxigeno” para campesinos, indígenas, afros y mestizos, que se mantienen en “la asfixia” por los narcos. Nuestro país está enfrentando un crecimiento de cultivos de exportación de marihuana, comparándose con la bonanza marimbera de años pasados o sea a finales del siglo anterior, siendo ahora el epicentro el sur del país en los departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo, donde cientos de toneladas se mueven y donde las autoridades ya tienen claras las rutas por donde los grupos armados no estatales se han apropiado de este negocio ilegal, donde se trafica en grandes cantidades de marihuana y sacan droga producto del procesamiento de la hoja de coca. En el momento las autoridades colombianas han venido combatiendo de manera insistente el tráfico arrojando magníficos resultados, los medios de comunicación centran sus emisiones en el tráfico de cocaína, porque en los departamentos que ya enumeramos se está viviendo una verdadera bonanza la cual se ha tornado preocupante; pues lo que pasa en el sur del Valle de Cauca, y Cauca, es complejo, porque con los dineros que obtienen los grupos delincuenciales se están fortaleciendo para mantener la guerra contra la fuerza pública.
Ahora bien, realizando un seguimiento al discurso de los candidatos o aspirantes a llegar al solio de Bolívar o mejor a la primera magistratura de nuestro territorio colombiano, podemos conocer como el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, defiende la continuidad de la línea Petro, que consiste la sustitución concertada, tratamiento penal diferenciado y fin de la fumigación con glifosato; su análisis según estrategas corre el riesgo de sonar “solo para la base petrista” si no logra traducir la política de drogas en beneficios visibles para regiones cocaleras. En debates insiste en que erradicar sin vías ni mercados legales reproduce violencia. A un lado las alocuciones de Paloma Valencia, respaldada por el Centro Democrático y con formula de Juan Daniel Oviedo, critica la ejecución, señalando que los cultivos de coca batieron el récord sobrepasando las 200 hectáreas y que la sustitución voluntaria avanza lento frente a lo prometido; proponiendo reforzar la interdicción e inteligencia financiera, mantener la erradicación forzada donde haya estructuras criminales y complementar con proyectos productivos con garantía de compra; su narrativa apela al orden y resultados medibles; de otro costado recogimos la opinión de Abelardo De la Espriella que aparece con la liga antipetrista con José Manuel Restrepo, enmarcando los cultivos como síntoma de ausencia estatal, planteando un “choque de legalidad”, proyectado a la erradicación en Parques Nacionales y Zonas de alto rendimiento, uso limitado de aspersión terrestre y contratos de sustitución solo con verificación satelital; intentando moderar su perfil radical, ofreciendo seguridad jurídica a los inversionistas rurales.
Estos flagelos que atraviesa nuestro territorio colombiano, son los principales generadores de desplazamiento y homicidios contra quienes se oponen a este negocio, por eso, la erradicación voluntaria no funciona, se convierte en objetivo de los ilegales, este factor es tomado en cuenta por las comunidades, recibiendo el respaldo de las entidades que promulgan los derechos humanos, advirtiendo que el Congreso que se instala el 20 de julio de 2026, tendrá la difícil labor de decidir si se profundiza el enfoque de derechos o se revive el prohibicionismo; la regulación del cannabis adulto y el tratamiento penal diferenciado son pruebas de fuego. Los candidatos coinciden en que hay que golpear las finanzas de los narcos, difiriendo en cuanto a la oxigenación en cada sector (inversión, vías, reforma rural) enfrentándose a la tarea de asfixiar el problema (erradicación, interdicción). En resumen, Cepeda apuesta a consolidar la reforma de Petro, Valencia y De la Espriella prometen “corregir la ejecución”, con más fuerza operativa; la diferencia no está solo en hectáreas, sino en quien paga el costo político de priorizar campesinos, afros, indígenas y mestizos versus resultados inmediatos.
