Como advirtió que lo iban a matar… lo mataron.
Este jueves 19 de marzo se cumplen dieciséis años del asesinato del periodista Clodomiro Castilla en Montería. Su ejecución representó la culminación de un desamparo institucional sistemático.
El expediente permanece abierto en los anaqueles de la impunidad y confirma un patrón estructural donde el Estado colombiano permite el exterminio de quienes investigan el poder.
Mauricio Castilla, su hijo, también periodista, custodia hoy una memoria cimentada en la exigencia de justicia frente a un proceso judicial carente de resultados.
Clodomiro Castilla dejó un testimonio radial que funciona como prueba técnica de su vulnerabilidad. En los micrófonos de la W Radio, el comunicador denunció el desmonte de su esquema de seguridad y la existencia de un plan directo para asesinarlo. Relató con precisión administrativa sus gestiones ante la Presidencia de la República, donde su petición careció de eco. Su denuncia evidenció una contradicción operativa del gobierno de Uribe Vélez, el cual destinaba cientos de soldados y policías a la custodia de las vacas de la finca El Ubérrimo mientras dejaba al periodista de Córdoba a merced de sus ejecutores.
La responsabilidad institucional reside en la omisión deliberada ante una amenaza conocida. Castilla advirtió que su riesgo aumentaba diariamente y que la institucionalidad redujo su protección en el momento de mayor peligro. Esta declaración pública constituyó una radiografía de un territorio donde el ejercicio de la prensa ocurre bajo la presión de estructuras armadas y poderes políticos locales.
El crimen envió un mensaje de silenciamiento que el gremio reconoce con absoluta claridad, pues la protección del Estado opera con una intensidad selectiva que desprotege al periodismo regional.
Dieciséis años después, la falta de responsables condenados perpetúa la censura a través del miedo.
El caso Clodomiro Castilla integra la lista de expedientes sin cierre que lesionan la libertad de prensa en el país. Su trabajo abordó asuntos de alto interés público y su asesinato interrumpió un ejercicio necesario para la democracia en las regiones.
La reiteración de estas historias configura una deuda histórica que el sistema judicial mantiene vigente, permitiendo que la impunidad se consolide como una regla de conducta institucional.
Proclama del Pacífico registra este aniversario como un acto de control social y memoria activa. La trayectoria de Castilla exige resultados judiciales y garantías reales para quienes continúan informando bajo amenaza.
Su muerte permanece como el recordatorio de un Estado que escuchó las advertencias y permitió el desenlace violento.
La frase registrada en los archivos de la radio nacional conserva hoy su peso real. Advirtió que lo iban a matar … y lo mataron.
Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico:
