El alza a licores golpea la economía regional del Cauca.
- El Decreto 1475 encarece el licor hasta en 48 %. La Industria Licorera del Cauca y comerciantes advierten impacto en empleo, consumo y economía regional.
Por: Laura Jiménez y Camilo Flórez.
El Decreto 1475 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Económica, ha desatado una fuerte controversia a nivel nacional al establecer un incremento significativo en la carga tributaria de bebidas alcohólicas como aguardientes, rones y vinos.
Esta norma, incluida dentro de las medidas fiscales para generar mayores recursos al Presupuesto General de la Nación, eleva impuestos como el IVA de 5 % a 19 % y encarece el impuesto al consumo por grado alcoholimétrico, lo que se traduce en aumentos de precios que, según sectores productivos, pueden llegar a cerca del 48 % para algunas bebidas y poner en peligro la competitividad del sector formal frente al mercado ilegal.
La medida no solo modifica la estructura tributaria del sector, sino que ha generado inquietud entre productores, comercializadores y gremios por su impacto potencial en el tejido económico colombiano. La industria de los licores representa aproximadamente el 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, desde la producción agrícola hasta la comercialización en bares, restaurantes y tiendas regionales.
Frente a la medida, Emilio Corrales Castillo, jefe de la División Financiera de la Industria Licorera del Cauca (ILC), señaló que el incremento tributario representa un reto significativo para el sector. “Se trata de un proceso de alto costo que implica múltiples dinámicas a nivel industrial. Es una gran amenaza para nosotros como industria y para aquellos departamentos que cuentan con fábricas de licores, pues es un impacto que se verá en las ventas. El mayor impacto se verá reflejado en el consumidor, que deberá pagar un precio más alto por el producto”, explicó.
Corrales Castillo advirtió que el impacto no se limita al punto de venta, sino que se extiende a toda la cadena productiva. “Al proyectarse una disminución en las ventas, también se reduciría la producción, lo que implicaría una menor demanda de materia prima y afectaría a los distribuidores. Por ejemplo, si baja la producción, se reduce la compra de envases, lo que impacta directamente a los proveedores y puede generar pérdida de empleos”, agregó.
En ese sentido, destacó que la ILC cuenta actualmente con 160 empleos directos y cerca de 500 empleos indirectos, los cuales podrían verse comprometidos por los efectos del aumento en la carga tributaria. Señaló además que, al tratarse de una empresa del Estado, la ILC realiza aportes significativos a sectores como la educación, el deporte y la salud, y que durante el año 2025 transfirió alrededor de 54 mil millones de pesos al departamento del Cauca. No obstante, advirtió que el incremento del impuesto termina afectando tanto a la industria como al consumidor final, ya que, pese al encarecimiento del producto, la empresa debe continuar cumpliendo con sus obligaciones fiscales y sociales.
Por otro lado, desde el comercio local, Lina Marcela Castro, propietaria de un bar ubicado en el norte de Popayán, calificó el incremento en los impuestos a los licores como una medida injusta y desproporcionada, especialmente para pequeños negocios que apenas comienzan. “Es demasiado el aumento que tuvieron los licores. Yo me veo muy afectada porque estoy empezando, y subir precios en este momento es complicado, aquellos negocios grandes que ya tenían surtido desde el año pasado pues tiene todavía tiempo, pero yo que trabajo con una caja o máximo dos pues ya me toca subirle”, expresó advirtiendo que el alza en los precios podría traducirse en una disminución del consumo, afectando directamente las ventas del sector.
Lina Marcela Castro explicó que entre los productos más vendidos en su establecimiento se encuentran el ron y el aguardiente, como el caucano, el antioqueño y el amarillo. Según indicó, antes del ajuste tributario una botella de aguardiente caucano tenía un precio aproximado de 48.000 pesos el litro y 28.000 pesos la media, mientras que actualmente debe venderse entre 60.000 y 65.000 pesos, lo que representa un aumento considerable. “El aguardiente antioqueño también subió entre 15.000 y 20.000 pesos por botella. El incremento es muy alto y nos va a afectar muchísimo a todos los que trabajamos con licor”, señaló.
Frente a este panorama, la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (ACIL)—que agrupa a las principales licoreras departamentales y empresas del sector—ha manifestado su rechazo al decreto y ha impulsado acciones legales para frenar su ejecución. El gremio sostiene que la carga fiscal adicional no solo encarece los productos legales, sino que favorece el crecimiento del contrabando y la informalidad, con efectos adversos sobre el recaudo, el empleo y la salud pública.
En una declaración conjunta del año pasado, las empresas licoreras departamentales y las multinacionales del sector —entre ellas Diageo, Pernod Ricard y Brown Forman— advierten que la experiencia histórica demuestra que encarecer el licor legal no frena el consumo, sino que lo desvía hacia el mercado ilícito, poniendo en riesgo la vida del consumidor; según cifras del gremio, actualmente el 22,4 % del licor que se consume en el país es ilegal, y con la reforma esa proporción podría aumentar hasta el 50 %.
Frente a este escenario, la discusión en torno al Decreto 1475 de 2025 no solo se centra en cifras fiscales, sino también en el equilibrio entre la sostenibilidad de un sector productivo históricamente ligado a la identidad cultural colombiana y la necesidad de políticas públicas que no fortalezcan la formalidad, el empleo y la inversión regional. La decisión que adopte la Corte Constitucional sobre los recursos interpuestos y la evolución de la implementación del decreto serán determinantes para la industria licorera en el país.
