Servidores públicos del Cauca conocieron sobre la Ley de Garantías y Delitos Electorales
Se realizó en Popayán una jornada de capacitación sobre delitos electorales dirigida a servidores públicos del Cauca.
Redacción Popayán
A solo veinte días de las elecciones presidenciales de Colombia 2018, es necesario recordar a los funcionarios públicos la importancia de la Ley 996 de 2005, que busca brindar garantías a todos los candidatos y campañas políticas de cara a las elecciones. En este periodo los funcionarios no pueden participar en campañas electorales y no se permite usar recursos del Estado con fines políticos.
La Gobernación del Cauca y la Federación Nacional de Departamentos FND, realizaron una capacitación para líderes de las oficinas asesoras jurídicas de la región sobre Ley de Garantías y Delitos Electorales con el fin de sensibilizar a los servidores públicos sobre aquellas conductas que atentan contra el proceso electoral y las consecuencias que pueden tener
La capacitación a cargo del abogado santandereano Juan Carlos Novoa, con una experiencia profesional de más de quince años, sentó sus bases en la exposición de ideas sobre prevención de delitos, aclarando los límites y particularidades legales y advirtiendo sobre las consecuencias del incumplimiento de la regla.
Por su parte, Verónica Flórez Chará– jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica en la Gobernación del Cauca dijo que “Desde la Federación Nacional de Departamentos y la Gobernación del Cauca en cabeza del ingeniero Óscar Rodrigo Campo Hurtado, se ha querido impulsar una dinámica de participación con experiencias en temas electorales, hablar sobre lo que implican las actuaciones en este proceso” cuál es la transparencia del procedimiento democrático recomendó además a funcionarios y habitantes del departamento conocer y respetar lo que manda la Ley en estos procesos electorales.
La formación hizo parte del acompañamiento a los entes territoriales que hace la Federación Nacional de Departamentos en una serie de jornadas realizadas en distintos Departamentos del país, para disminuir el riesgo de investigaciones disciplinarias por conductas relacionadas con la prohibición de participación en política de los servidores públicos.
